La subida del IEPS a productos como cigarros, refrescos y botanas, propuesta en el paquete económico 2026, ha generado un intenso debate en torno a sus implicaciones reales. Si bien el gobierno argumenta que busca desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, la realidad es que este aumento impactará directamente en el bolsillo de millones de familias mexicanas, especialmente las de menores ingresos. Para muchos, estos productos no representan un lujo, sino una alternativa accesible ante la dificultad de adquirir alimentos frescos y nutritivos. ¿Es entonces una medida de salud pública o una estrategia recaudatoria disfrazada?

El incremento propuesto para el refresco, por ejemplo, es considerable: de 1.64 a 3.08 pesos por litro, incluso en versiones con edulcorantes no calóricos. Esta inclusión de bebidas con bajo o nulo contenido calórico en el aumento del IEPS es particularmente polémica. Expertos en salud pública cuestionan la lógica de gravar productos que, según la evidencia científica respaldada por organismos internacionales como la OMS, la FDA y la Cofepris, son seguros y ayudan a reducir el consumo de azúcar. Además, estos edulcorantes no se limitan a los refrescos, sino que están presentes en una amplia gama de productos de consumo diario como yogures, leches saborizadas, postres y hasta medicamentos. ¿Se está castigando entonces la búsqueda de alternativas más saludables?

La historia de los “impuestos saludables” en México muestra resultados limitados en la reducción del consumo. La preocupación radica en que los recursos recaudados no siempre se destinan a programas de salud, desviándose a otros rubros. Este antecedente siembra la duda sobre la verdadera intención detrás de la medida. ¿Se prioriza la recaudación sobre la salud pública?

En el caso de la alianza Aeroméxico-Delta, la retirada de la inmunidad antimonopolio por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos representa un nuevo desafío. El argumento del DOT se centra en las acciones del gobierno mexicano en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la reasignación de slots en el AICM y las restricciones a vuelos de carga, que según ellos, han distorsionado la competencia. Si bien los acuerdos de código compartido y los programas de lealtad se mantienen, la limitación en la coordinación operativa podría afectar la eficiencia y conectividad de una alianza que ha transportado a más de 45 millones de pasajeros desde 2017. Aeroméxico, por su parte, lamenta la decisión, asegurando que no afectará a los clientes y que los beneficios de la alianza para la conectividad y el turismo se están pasando por alto. ¿Será posible mantener los mismos niveles de servicio y conectividad con estas nuevas restricciones?

La fallida compra de Banco Forjadores por parte de BanFeliz, de Fernando García Sada y Sergio Elizondo Muñoz, ha desatado una disputa legal que ha escalado a un arbitraje internacional. El holding peruano Grupo ACP, antiguos dueños de la institución, reclama el pago de la segunda mitad del precio pactado y no descarta la rescisión del contrato. Este escenario complica aún más la situación de BanFeliz, un grupo que ya enfrenta dificultades con su financiera Préstamo Feliz, actualmente en concurso mercantil y con deudas millonarias con inversionistas internacionales. Lo que se presentaba como una estrategia maestra en la banca de microfinanzas se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. ¿Podrá BanFeliz sortear esta crisis y cumplir con sus compromisos?

Finalmente, el retraso en la demolición de edificios abandonados de Banobras en la Ciudad de México genera interrogantes. A pesar de que el contrato con Tordec estipulaba la conclusión de los trabajos este mes, los inmuebles siguen en pie, superando ampliamente el plazo establecido. Estos edificios, adquiridos por Banobras durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de regenerar el espacio urbano, continúan siendo un recordatorio de la ineficiencia en la ejecución de proyectos públicos. ¿Qué factores han contribuido a este retraso y qué medidas se tomarán para asegurar la finalización de la obra?