El silencio se ha convertido en el nuevo grito de guerra en México. Un silencio impuesto, no elegido. Ya no son solo las balas las que silencian a la prensa, sino la fría letra de la ley, manipulada y retorcida para amordazar la verdad. El informe de ARTICLE 19 nos muestra un panorama desolador: 51 casos de litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs) tan solo hasta julio de 2025. Un número que hiela la sangre y que revela la perversa estrategia del poder: castigar ejemplarmente a quienes se atreven a cuestionar.

La máscara de la legalidad esconde una maquinaria de censura implacable. Bajo el pretexto del "daño moral", la "violencia política en razón de género" (VPEG) o la "protección del prestigio", se tejen redes jurídicas para acallar las voces críticas. La ironía es amarga: la VPEG, concebida para proteger a las mujeres, se convierte en un arma arrojadiza contra las periodistas que osan desafiar al poder. De los 51 casos, 25 se basan en esta figura. ¿Cómo es posible que una herramienta de protección se transforme en un instrumento de opresión? La ambigüedad legal y la interpretación arbitraria de los órganos electorales abren la puerta a la injusticia. Periodistas mujeres obligadas a disculparse públicamente, a retirar sus investigaciones, incluso a ser registradas como "violentadoras" por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión. La justicia de género, pervertida y utilizada como herramienta de censura política.

Este fenómeno no es casual, ni espontáneo. Se concentra en estados clave como Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, impulsado principalmente por funcionarios públicos que buscan blindarse de la crítica, controlar la narrativa y asegurar su impunidad. El mensaje es claro: hablar tiene un precio, y ese precio puede ser la ruina profesional y personal. El forum shopping, esa táctica perversa de presentar múltiples demandas en distintas instancias, se convierte en una forma de tortura lenta, un desgaste económico y emocional que busca doblegar la voluntad de los periodistas.

Nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿qué tipo de democracia permite que el poder utilice la justicia como arma de censura? ¿Qué clase de República castiga la verdad y premia el silencio cómplice? La censura judicial no solo amenaza la libertad de prensa, sino que socava los cimientos de la sociedad, el derecho ciudadano a estar informado y a participar en el debate público. Una sociedad desinformada es una sociedad vulnerable, manipulable.

Urge una reforma legislativa profunda que blinde al periodismo del uso faccioso de figuras legales. Es imperativo derogar los delitos contra el honor, limitar la VPEG a su propósito original y garantizar que los jueces apliquen el test tripartito de la Convención Americana de Derechos Humanos. No se trata de una opción, sino de una necesidad urgente. Cuando la ley se utiliza para censurar, lo que está en juego no es solo la libertad de prensa, sino la salud misma de nuestra nación. El silencio impuesto nos ahoga, la verdad silenciada nos condena. Es tiempo de alzar la voz y defender la libertad de expresión, antes de que el silencio se convierta en nuestra única realidad.