En un México donde la desigualdad económica sigue siendo una profunda cicatriz social, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la revisión de pensiones millonarias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos (Pemex) han desatado un intenso debate nacional. La mandataria calificó estas pensiones, algunas de las cuales alcanzan el millón de pesos mensuales, como "ofensivas para el pueblo de México", palabras que resonaron con fuerza en un país donde la mayoría de la población lucha por llegar a fin de mes.

La imagen de extrabajadores disfrutando de jubilaciones doradas mientras miles de exempleados de Luz y Fuerza del Centro quedaron en el abandono tras la liquidación de la compañía durante el gobierno de Felipe Calderón, crea un contraste doloroso que alimenta la indignación. La promesa de Sheinbaum Pardo de revisar la legalidad y constitucionalidad de estas pensiones, incluyendo la posibilidad de cambios constitucionales, abre la puerta a un proceso de ajuste que podría tener profundas implicaciones.

La información presentada por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, pone cifras concretas a esta problemática. Miles de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y cientos de pensionados de Pemex perciben ingresos mensuales que superan con creces el salario de la propia presidenta. Estas cifras, frías pero contundentes, ilustran la magnitud del desequilibrio y la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones. Buenrostro detalló que la revisión no se limita únicamente a estos dos casos, sino que se extiende a otras entidades públicas, abriendo la posibilidad de que más casos de pensiones desproporcionadas salgan a la luz.

La pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo de extrabajadores disfrute de privilegios tan exorbitantes mientras la gran mayoría de los mexicanos enfrenta dificultades económicas? La respuesta, sin duda, es compleja y tiene raíces en la historia del país, en las políticas neoliberales del pasado y en la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La revisión anunciada por el gobierno no solo busca corregir una injusticia, sino también sentar un precedente. Se trata de enviar un mensaje claro de que los recursos públicos deben ser administrados con responsabilidad y que los privilegios excesivos no tienen cabida en un país que busca la equidad. El camino hacia una solución justa no será fácil. Habrá resistencias, presiones y seguramente batallas legales. Sin embargo, la determinación del gobierno de abordar este tema tan sensible es un paso importante hacia la construcción de un México más justo y equitativo.

El debate sobre las pensiones millonarias está lejos de concluir. A medida que se profundice en la revisión y se conozcan más detalles, seguramente surgirán nuevas preguntas y controversias. Lo que está claro es que la sociedad mexicana exige transparencia y justicia. Exige que los recursos públicos se destinen a las necesidades de la mayoría y no a los privilegios de unos pocos. El futuro del sistema de pensiones y la credibilidad del gobierno están en juego. Es hora de actuar con responsabilidad y valentía para construir un México más justo para todos.