La Ciudad de México, un palpitante crisol de culturas y tradiciones, ha sido escenario de una lucha constante: la lucha por el derecho a habitarla. A lo largo del siglo XX, los movimientos sociales han tejido la historia de la capital, alzando la voz por una vivienda digna, la recuperación del espacio público y el acceso a servicios básicos en las periferias, a menudo olvidadas. Desde el Movimiento Urbano Popular en los setenta, pasando por la Coordinadora Única de Damnificados del Sismo en los ochenta, hasta la miríada de colectivos barriales que hoy en día siguen luchando, la ciudad se ha construido sobre los cimientos de la perseverancia y la organización comunitaria. Millones de personas han encontrado, y siguen encontrando, un lugar para echar raíces gracias a estas luchas incansables.

Esta lucha por la habitabilidad no ha sido un evento aislado, sino un proceso continuo, entrelazado con las transformaciones políticas y sociales que han dado forma a las instituciones que hoy rigen la ciudad. Nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, es un producto genuino de esta lucha. Pertenece a una generación que, literalmente, con sus propias manos, pavimentó calles, construyó sistemas de drenaje y llevó la luz a las comunidades más marginadas. Esa misma generación, ahora al frente del gobierno, ha colocado la habitabilidad en el centro de su programa para 2024, un programa que se construye y se fortalece día a día, con la participación activa de la ciudadanía.

Se ha especulado que las medidas del Bando 1 fueron una reacción a las movilizaciones sociales. Nada más lejos de la realidad. Estas medidas, destinadas a combatir la gentrificación, ya estaban contempladas en el programa de gobierno de Clara Brugada. Sin embargo, reconocemos el poder catalizador de la movilización social. La protesta social es, y siempre será, un mecanismo vital para que las demandas ciudadanas se traduzcan en acciones concretas por parte de las instituciones.

En este contexto, el Congreso capitalino tiene ante sí una tarea histórica: la creación de una ley de rentas justas, asequibles y razonables. A pesar de las luchas históricas por la vivienda digna, nunca antes la ciudad ha contado con una legislación de esta envergadura. Su construcción ha sido, y continúa siendo, un proceso colectivo. Hemos realizado más de 14 sesiones en diferentes barrios de la ciudad, abriendo espacios para la participación ciudadana, recogiendo opiniones, integrando propuestas, tejiendo un marco legal que refleje las necesidades reales de la gente.

Esta ley persigue tres objetivos fundamentales. En primer lugar, frenar el aumento desmedido de las rentas. Para ello, se creará un índice de precios que permita monitorear la evolución de los alquileres en toda la ciudad, estableciendo un marco de referencia objetivo y transparente.

En segundo lugar, sanear las relaciones entre inquilinos y propietarios. En una ciudad donde una de cada cuatro personas vive en régimen de alquiler, es crucial fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo y la justicia. La creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios garantizará que los inquilinos puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, promoviendo un equilibrio justo entre las partes involucradas.

Finalmente, regularemos el hospedaje temporal con un criterio de interés público. Buscaremos un equilibrio que no perjudique a los pequeños anfitriones, pero que al mismo tiempo proteja el futuro de la ciudad y el derecho a la vivienda de sus habitantes.

En la bancada de la transformación, somos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos. Estamos construyendo un legado para las futuras generaciones, un legado que honra la lucha de quienes nos precedieron. Porque fueron, somos, y porque somos, serán. La Ley de Rentas Justas será una realidad, un testimonio tangible del compromiso de Clara Brugada con una ciudad más justa y habitable para todos. Es un compromiso con el pasado, el presente y el futuro de la Ciudad de México.