La indignación se palpa en el aire, cargada de polvo y promesas rotas. Medio centenar de ejidatarios de La Garita, Jalisco, muchos con el peso de los años marcado en sus rostros y en los documentos originales que cargaban en sus manos, se plantaron frente al Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí. No venían a pedir, venían a exigir justicia. Casi 380 hectáreas, el sudor de generaciones, se las han arrebatado. Desarrolladores inmobiliarios, con la complicidad de jueces y tribunales agrarios, tejen una red de corrupción que despoja a los que menos tienen. Sus pancartas, como gritos silenciosos, claman la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Acusan un contubernio entre constructoras, inmobiliarias, el Tribunal Agrario 25 y la Sala Superior del Tribunal Agrario, una maquinaria engrasada con influencias y dinero que desoye las evidencias y falla sistemáticamente a favor de los poderosos.

David Cárdenas Aranda, asesor de los ejidatarios, relata la historia de un centenar de familias afectadas. Inspecciones judiciales, peritajes del propio RAN, todo a su favor, pero al llegar a los tribunales, la verdad se tuerce, se manipula, se vende. El nombre de "Desarrollos del Pedregal" resuena con fuerza, ligado a los llamados "zares inmobiliarios" de San Luis Potosí: la familia Rangel y Carlos "Chato" López Medina. Figuras que se mueven en la sombra, creando sociedades fantasma, acumulando tierras y levantando desarrollos, como el que se alza a espaldas del Centro de Convenciones, un monumento a la impunidad. Cuatro años de lucha legal han dejado una amarga lección: la justicia agraria está secuestrada, el valor de la tierra del campesino se desvanece ante el poder de las constructoras y sus padrinos en los juzgados.

Mientras tanto, en Uruapan, Michoacán, el primer informe de gobierno del alcalde Carlos Manzo se vio empañado por un episodio vergonzoso. La regidora Alondra Ciprés Castillo fue abucheada, silenciada, mientras intentaba exponer la cruda realidad de un municipio asolado por la violencia. No fue un acto espontáneo, sino una orquestación desde la propia presidencia para acallar las voces críticas. La regidora señalaba lo evidente: Uruapan ocupa el tercer lugar entre las ciudades más violentas del país, con una percepción de inseguridad que alcanza el 89.5%. Cuestionaba la falta de un marco normativo para la Guardia Ciudadana, la exhibición pública de detenidos sin proceso judicial, la violación sistemática del principio de presunción de inocencia. Pero la verdad incomoda, y la respuesta del alcalde fue una bofetada a la democracia: “la expresión del pueblo no se puede silenciar”. Una frase que resonará en la memoria colectiva, junto a otras perlas como “abatir delincuentes” y “chingadazos, no abrazos”, pronunciadas con la arrogancia de quien se mueve en una camioneta blindada nivel 5, adquirida por más de 3 millones de pesos. Y mientras el alcalde se aferra a su discurso, la percepción de inseguridad crece, del 85.8% al 88.7%, confirmando lo que todos saben: Uruapan se hunde en el miedo.

Nos vemos a las 8 por el 8 TV. No se pierdan el análisis completo de estos acontecimientos que sacuden al país.

Por Sofía García, colaboradora. @SofiGarciaMX