La reciente Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el pasado 7 de agosto, ha puesto sobre la mesa un tema fundamental para el desarrollo humano y social: el derecho al cuidado. Este pronunciamiento, si bien no vinculante como una sentencia, sienta un precedente crucial al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, abriendo un nuevo capítulo en la defensa de la dignidad humana en la región.

La Corte define el cuidado como "el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente". Esta definición, amplia y abarcadora, subraya la universalidad del cuidado, reconociéndolo como una necesidad básica e ineludible que atraviesa todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y que es esencial tanto para la supervivencia individual como para el funcionamiento mismo de la sociedad.

Imaginemos por un instante nuestra propia infancia. Dependientes por completo del cuidado de otros para alimentarnos, vestirnos, asearnos y sentirnos seguros. Ese cuidado, brindado generalmente por padres, abuelos u otros familiares, es el que nos permite crecer y desarrollarnos plenamente. Ahora, extrapolemos esa imagen a otras etapas de la vida: una enfermedad repentina, una discapacidad adquirida, la vejez… En todas estas circunstancias, la necesidad del cuidado vuelve a emerger como un elemento fundamental para una vida digna.

La Opinión Consultiva destaca dos principios rectores del derecho al cuidado: la corresponsabilidad y la solidaridad. La corresponsabilidad implica que el cuidado no es una tarea exclusiva de la familia, sino una responsabilidad compartida con la sociedad, la comunidad, las empresas y, fundamentalmente, el Estado. Este principio exige una distribución equitativa de las tareas de cuidado, especialmente entre hombres y mujeres, rompiendo con los roles de género tradicionales que han relegado históricamente esta labor al ámbito femenino.

Por su parte, la solidaridad nos llama a un compromiso colectivo de apoyo y reconocimiento hacia quienes requieren cuidados y, igualmente importante, hacia quienes los brindan. Esto implica asegurar condiciones dignas para ambos, implementando medidas que alivien las cargas físicas, emocionales y económicas, especialmente para aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de otros sin recibir remuneración alguna.

En México, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 revela una realidad preocupante: si bien 31.7 millones de personas brindan cuidados, el 75.1% son mujeres. Estas mujeres dedican, en promedio, 37.9 horas semanales al cuidado, más de 12 horas que los hombres. Esta desigualdad refleja la persistencia de patrones culturales que perpetúan la sobrecarga de las mujeres en el ámbito del cuidado.

Si bien existen avances, como el reconocimiento del derecho al cuidado en la Constitución de la Ciudad de México y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, aún queda un largo camino por recorrer. El Estado debe asumir un rol protagónico en la garantía de este derecho, implementando políticas públicas que aseguren el acceso a servicios de cuidado de calidad, promoviendo la conciliación entre la vida laboral y el cuidado, y garantizando los derechos laborales y de seguridad social de las personas cuidadoras.

La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana nos invita a una profunda reflexión como sociedad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos necesitado cuidados y, seguramente, volveremos a necesitarlos en el futuro. Reconocer el cuidado como un derecho humano es reconocer nuestra propia vulnerabilidad y nuestra interdependencia. Es un llamado a la corresponsabilidad, a la solidaridad y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde el cuidado sea valorado y garantizado para todas y todos. El futuro de nuestra sociedad depende, en gran medida, de cómo respondamos a este llamado.