La historia de México, particularmente la del siglo XX, está teñida de episodios violentos que se extendieron incluso a los recintos legislativos. El caso del senador Luis Espinosa, abatido en 1926 en la Casona de Xicoténcatl, nos recuerda una época donde las diferencias políticas se resolvían a balazos, un eco de la Revolución que aún resonaba en los pasillos del poder. Estos actos, impensables en la actualidad, nos obligan a reflexionar sobre la evolución de nuestra democracia y la importancia del diálogo y el respeto en la arena política. No podemos olvidar el asesinato del diputado Moreno en Bucareli, otro ejemplo de la violencia que imperaba en aquellos tiempos. Incluso décadas después, durante el gobierno de Díaz Ordaz, la amenaza del general Ortiz Ávila a un legislador panista, "lo que digo lo sostengo con el cañón de mi pistola", ilustra la persistencia de una cultura política donde la fuerza se imponía a la razón.

Afortunadamente, la sociedad mexicana ha transitado un largo camino. Los movimientos sociales, la lucha por la libertad de expresión y el surgimiento de un sistema de partidos más sólido han contribuido a la construcción de un escenario político más civilizado. El Congreso, y en particular el Senado, se convirtió en el espacio natural para el debate y la confrontación de ideas, un escenario donde, a pesar de las diferencias ideológicas, se respetaban las reglas del juego democrático. El número reducido de senadores, en comparación con la Cámara de Diputados, permitía una interacción más directa y una mayor intensidad en los debates, lo cual, si bien podía generar tensiones, no debía derivar en actos de violencia.

Por ello, lo sucedido recientemente, la agresión de un senador dirigente de un partido nacional al Presidente del Senado, resulta no solo sorprendente, sino profundamente ofensivo. Algunos intentan minimizar el incidente, calificándolo como un simple "empujón". Sin embargo, no se trata de la intensidad del contacto físico, sino del simbolismo que representa. Agredir al Presidente del Senado es agredir a la institución que representa, a la unidad de la Cámara y a la figura que, según el artículo 61 constitucional, garantiza el fuero constitucional de los legisladores y la inviolabilidad del recinto legislativo.

Minimizar la agresión, como hacen algunos comentaristas, es un grave error. La violencia en el Parlamento, por mínima que parezca, no puede ser tolerada. Si el Presidente del Senado, encargado de velar por la seguridad del recinto y la integridad de los legisladores, no está a salvo de las agresiones, ¿qué garantías pueden tener los demás? La intrusión de tres legisladores del PRI, uno de los cuales golpeó al Presidente del Senado, constituye una violación flagrante del orden constitucional.

No se trata de unos simples empujones o golpes, es un ataque directo al Poder Legislativo, una de las piedras angulares de nuestra democracia. La violencia parlamentaria, que creíamos desterrada de nuestra vida política, retorna con consecuencias imprevisibles. Es alentador que la mayoría del pueblo mexicano reconozca la gravedad de estos hechos. Confiemos en que, en su momento, a través de las urnas, expresen su rechazo a la violencia y su compromiso con la democracia. La historia nos ha enseñado que el camino del progreso y la convivencia pacífica se construye con diálogo, respeto y apego a la ley, no con la fuerza bruta ni la intimidación.