La desesperación se palpa en el aire, cargada de polvo y de años de trabajo bajo el sol. Medio centenar de ejidatarios de La Garita, Jalisco, muchos con el rostro surcado por el tiempo y las preocupaciones, se plantaron frente al Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí. No llegaron con las manos vacías. Apretujaban contra su pecho documentos originales, tesoros de papel que representan el legado de sus familias, la tierra que les pertenece y que ahora, denuncian, les ha sido arrebatada. Casi 380 hectáreas engullidas por el apetito voraz de desarrolladores inmobiliarios. Una manta gigante, desplegada como un grito de auxilio, clamaba por la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. "Justicia", "Despojo", "Corrupción", se leía en las pancartas que agitaban manos temblorosas. No se trata solo de tierra, es su historia, su sustento, su identidad lo que está en juego.

Acusan a un entramado de corrupción que teje sus hilos entre constructoras, inmobiliarias, el Tribunal Agrario 25 y la Sala Superior del Tribunal Agrario. David Cárdenas Aranda, asesor de los ejidatarios, explica que son cerca de 100 los afectados. A pesar de haber ganado inspecciones judiciales y contar con peritajes del propio RAN que reconocen su derecho, los fallos en los tribunales, inexplicablemente, siempre favorecen a las empresas. Entre los nombres que resuenan con fuerza se encuentra “Desarrollos del Pedregal”, ligada a los llamados “zares inmobiliarios” de San Luis Potosí: la familia Rangel y Carlos “Chato” López Medina. Figuras poderosas, acusadas de crear sociedades fantasma para adueñarse de tierras y levantar desarrollos inmobiliarios, como el que se levanta a espaldas del Centro de Convenciones. Cuatro años de lucha legal han dejado una amarga certeza: la justicia agraria, denuncian, está secuestrada por los poderosos. En San Luis Potosí, la tierra de los campesinos parece no valer nada frente a los intereses de las constructoras.

Mientras tanto, en Uruapan, Michoacán, el primer informe de gobierno del alcalde Carlos Manzo se vio empañado por un incómodo incidente. La regidora Alondra Ciprés Castillo fue abucheada e interrumpida mientras intentaba exponer la crítica situación de seguridad en el municipio. No se trató de un arranque espontáneo de la audiencia. Fuentes cercanas al ayuntamiento aseguran que todo fue orquestado desde la propia presidencia municipal para silenciar las críticas. La regidora exponía datos alarmantes: Uruapan se mantiene en el tercer lugar entre las ciudades más violentas del país, con una percepción de inseguridad del 89.5%. Además, cuestionó la falta de un marco normativo claro para la Guardia Ciudadana, señalando que se limita a exhibir detenidos en redes sociales sin debido proceso, violando la presunción de inocencia. Ante los gritos de "¡fuera, fuera!", la regidora pidió al alcalde que calmara al público. La respuesta de Manzo fue contundente: "la expresión del pueblo no se puede silenciar".

La gestión de Manzo ha estado marcada por la polémica. Se recuerdan frases como “abatir delincuentes” y “chingadazos, no abrazos”. La adquisición de una camioneta blindada nivel 5, con un costo superior a los 3 millones de pesos, también generó controversia. Y mientras el alcalde se escuda en la “voz del pueblo”, la percepción de inseguridad en Uruapan no ha hecho más que crecer, pasando de 85.8% a 88.7%. Cifras que colocan a Uruapan entre las ciudades más temidas del país. ¿Es la voz del pueblo, o la voz del miedo?

Nos vemos a las 8 por el 8 TV.

Por Sofía García

Colaboradora

@SofiGarciaMX