Se respira un aire de cambio en México. La reciente Reforma al Poder Judicial, un tema que ha generado intensos debates en la esfera pública, ha sido defendida en el podcast "La Moreniza" como una respuesta necesaria ante la postura adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según los participantes, la Corte se había convertido en un obstáculo para el Gobierno Federal y el proyecto de transformación que impulsa.

Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia, argumentó que la SCJN no comprendió el momento histórico que vive el país ni el rol que debía desempeñar en este proceso de transformación. Más allá de la simple invalidación de leyes, Saldívar señaló que la Corte vulneraba sus propios precedentes, actuando con una clara intencionalidad política. Esta afirmación, sin duda, avivará la discusión sobre la independencia de poderes y el papel de la judicatura en un Estado democrático.

La acusación de Saldívar es contundente: la Corte no defendía la Constitución, sino a una oligarquía, utilizando la Carta Magna como pretexto. Esta postura, que apunta directamente a la legitimidad de las decisiones del máximo tribunal, abre la puerta a un cuestionamiento profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial mexicano. La mención específica a la ministra Norma Piña añade un elemento personal a la controversia, incrementando la tensión política y la polarización del debate.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, reforzó la idea de una SCJN desconectada de los intereses del pueblo. Godoy argumentó que, especialmente tras la salida de Arturo Saldívar y la llegada de Norma Piña, la Corte se ha dedicado a defender a la oligarquía, sus intereses y privilegios. Esta visión de una justicia al servicio de unos pocos, en detrimento de la mayoría, conecta directamente con el discurso de la transformación y la lucha contra la desigualdad que abandera el gobierno.

La oposición política de la Corte, según Godoy, se manifiesta incluso en cuestiones técnicas, convirtiéndose en una barrera para el presidente y el proyecto que encabeza. Esta confrontación con el Poder Ejecutivo y las minucias con las que se ha abordado el proceso legislativo, han erosionado la confianza de la ciudadanía en la SCJN, una institución fundamental para la democracia. La gravedad de esta afirmación plantea la necesidad de un análisis profundo sobre el estado actual del sistema judicial y las medidas necesarias para fortalecerlo.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, celebró el fin de esta era en el Poder Judicial. Alcalde denunció que el proceso legislativo era ignorado sistemáticamente por la Corte, impidiendo la correcta aplicación de reformas cruciales como la de PEMEX, la educativa y la fiscal. A pesar de las presuntas violaciones al proceso, ningún ministro se pronunció al respecto, lo que refuerza la imagen de una Corte insensible a las necesidades del país y ajena al proyecto de transformación.

Las declaraciones de Alcalde plantean una interrogante fundamental: ¿cuál es el límite de la independencia judicial? ¿Hasta qué punto puede la Corte oponerse a las decisiones del Poder Legislativo sin caer en la obstrucción y la defensa de intereses particulares? Este dilema, sin duda, continuará alimentando el debate público en los próximos meses. El nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial mexicano apenas comienza, y promete ser un periodo de intensos cambios y reconfiguraciones.