La tensión política en México alcanzó un nuevo punto álgido este domingo 27 de agosto, tras un incidente violento al término de la sesión pública en la Antigua Casona de Xicoténcatl. El diputado Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra varios legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusándolos de agresiones físicas y daños a la propiedad.

El escenario posterior a la sesión se transformó en un campo de batalla dialéctico y, según la denuncia, físico. Fernández Noroña, visiblemente afectado, relató ante las autoridades ministeriales – quienes se trasladaron hasta las instalaciones de Xicoténcatl para recabar testimonios – las agresiones sufridas, no solo por él, sino también por uno de sus colaboradores, Emiliano González, cuyo equipo de grabación resultó destruido durante el altercado. Este hecho añade otra capa de gravedad al incidente, ya que no solo se trata de una presunta agresión física a un representante público, sino también un ataque a la libertad de prensa y al derecho de documentar los actos del gobierno.

La lista de denunciados incluye figuras prominentes del PRI, como el líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas; el coordinador de los senadores, Manuel Añorve; y el senador Pablo Ángulo. También figuran en la denuncia el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y los diputados federales Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, quienes, si bien no forman parte de la Comisión Permanente, se encontraban presentes en la sesión. Sin embargo, Fernández Noroña puntualizó que los autores materiales de la agresión fueron específicamente Moreno Cárdenas, Alonso y Gutiérrez Mancilla.

Este enfrentamiento no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un clima de creciente polarización política en el país. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre Morena y el PRI han escalado en los últimos meses, creando un ambiente de tensión que, lamentablemente, parece haber desembocado en este episodio de violencia.

La transmisión en redes sociales realizada por Fernández Noroña tras el incidente añadió aún más leña al fuego. En ella, el legislador no solo reiteró sus acusaciones, sino que también planteó la posibilidad de solicitar el desafuero de los legisladores priistas implicados, una medida extrema que, de concretarse, tendría importantes repercusiones políticas. “No voy a aceptar una simple denuncia pública. Exijo que sean procesados”, declaró Fernández Noroña, anticipándose a las posibles críticas que podrían tildar su solicitud de excesiva.

La intervención de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien contactó telefónicamente a Fernández Noroña para constatar su estado de salud, demuestra la magnitud del incidente y la preocupación del gobierno federal por contener la escalada de violencia política. Resta por ver cómo se desarrollará la investigación del Ministerio Público y si las acusaciones de Fernández Noroña se traducen en acciones legales concretas contra los legisladores priistas. Lo que sí es evidente es que este incidente deja una profunda herida en la ya tensa relación entre Morena y el PRI, y plantea serias interrogantes sobre el futuro del diálogo político en México. ¿Será posible superar esta crisis y retomar la senda del debate constructivo, o la polarización seguirá profundizándose? El tiempo lo dirá.