La sombra del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue extendiéndose por Colombia, revelando las complejidades de un sistema judicial que se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la justicia con la resocialización de menores. El reciente fallo que condena a alias "Tianz", el joven de 15 años que apretó el gatillo, a siete años de privación de libertad ha desatado un intenso debate nacional. Si bien la sentencia se acerca al máximo permitido por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), para muchos no es suficiente ante la gravedad del crimen. Un crimen que no solo truncó la vida de un político prominente, sino que también puso al descubierto la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante la infiltración del crimen organizado, que recluta a menores para sus fines perversos.

La historia de "Tianz" es un reflejo desgarrador de las realidades sociales que enfrentan muchos jóvenes en Colombia. Un adolescente de 14 años, seducido por la promesa de 20 millones de pesos, una suma que para él representaba una fortuna, una salida a la precariedad, se convirtió en un instrumento de la violencia. Su testimonio, en el que confiesa no haber comprendido la magnitud de sus actos ni la identidad de su víctima, es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección de la infancia y la adolescencia. La pobreza, la falta de oportunidades y la influencia de entornos criminales son factores que contribuyen a que jóvenes como "Tianz" caigan en las redes del delito.

La investigación de la Fiscalía ha destapado una red criminal más amplia, liderada por alias "el Costeño", que instrumentalizó a un menor para llevar a cabo un asesinato político. La captura de otros implicados, como "El Veneco" y "Gabriela", demuestra que la justicia está actuando para desmantelar estas organizaciones. Sin embargo, queda la inquietud de si la condena a "Tianz" es un verdadero acto de justicia o una simple medida paliativa. ¿Siete años son suficientes para reparar el daño causado y para reintegrar a este joven a la sociedad?

El debate sobre la responsabilidad penal de los menores es complejo y polarizante. Mientras algunos defienden la necesidad de endurecer las penas, argumentando que adolescentes de 14 y 15 años tienen plena conciencia de sus actos, otros abogan por la priorización de la resocialización, como lo establece el SRPA. Expertos como Alejandro Peláez, exdirector de Protección del ICBF, insisten en que el objetivo no es solo castigar, sino también restablecer los derechos de los menores y prevenir la reincidencia. En el caso de "Tianz", se han considerado atenuantes como su colaboración con la justicia y su arrepentimiento, factores que influyeron en la reducción de la pena.

Sin embargo, la cifra de 94 menores sancionados por homicidio en lo que va del 2025, según estadísticas del ICBF, es alarmante y exige una reflexión profunda sobre la efectividad de las políticas actuales. La propuesta del exfiscal Francisco Barbosa de endurecer las penas para menores que cometen delitos graves ha generado controversia, pero pone sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema y adaptarlo a las nuevas realidades.

El futuro de "Tianz" y de otros jóvenes en su situación depende de la capacidad del Estado para ofrecerles verdaderas oportunidades de reintegración social. La condena, aunque necesaria, no puede ser el único camino. Es fundamental invertir en programas educativos, de formación profesional y de apoyo psicológico que les permitan construir un futuro diferente, lejos de la violencia y el crimen. El caso de "Tianz" es un llamado a la sociedad colombiana a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la resocialización como pilares fundamentales de un sistema de justicia juvenil que proteja los derechos de los menores y garantice la seguridad de todos. Es una tarea compleja, pero necesaria para construir un país más justo y equitativo.