La indignación y la frustración palpitan en el aire de Chalco, Estado de México. Un nuevo video viralizado en redes sociales muestra la furia colectiva descargándose sobre un presunto ladrón, capturado cerca de la estación José María Martínez del Trolebús. Las imágenes, crudas y perturbadoras, revelan la tensión que se vive día a día en una comunidad harta de la inseguridad y la aparente impunidad. Vecinos enfurecidos, convertidos en jueces y verdugos, propinan una golpiza al supuesto delincuente, mientras la amenaza de un desenlace fatal se cierne sobre la escena. La intervención de las autoridades, que lograron rescatar al hombre de la turba enardecida, evitó una tragedia, pero dejó al descubierto una profunda herida social. El presunto ladrón fue trasladado al Hospital General de Chalco para recibir atención médica, mientras la comunidad se debate entre la necesidad de justicia y los límites de la legalidad.

Este incidente, lamentablemente, no es un caso aislado. En el Estado de México, la figura del linchamiento, aunque repudiable, se ha convertido en una sombra ominosa que acecha ante la percepción de ineficiencia de las autoridades. La tardanza en la respuesta policial, la falta de resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia y la sensación de vulnerabilidad alimentan un círculo vicioso de violencia. La gente, hastiada de ser víctima de robos y asaltos, decide tomar la justicia por su propia mano, convirtiéndose en lo que temen: transgresores de la ley.

La pregunta que surge, inevitablemente, es: ¿es legal linchar a alguien en México? La respuesta, compleja y matizada, reside en la interpretación de la ley. El Código Penal, en su ámbito federal, no contempla explícitamente la figura del linchamiento. De igual manera, muchos códigos penales estatales carecen de una tipificación específica para este tipo de actos, a pesar de su recurrencia y gravedad. La ausencia de una normativa clara genera un vacío legal que permite que estos hechos queden, en muchos casos, impunes o sean juzgados bajo figuras delictivas genéricas, como lesiones, homicidio o privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, la legítima defensa, reconocida en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el derecho de los ciudadanos a detener a quien se encuentre cometiendo un delito en flagrancia. La clave reside en la inmediata entrega del detenido a las autoridades competentes. No se trata de justicieros anónimos, sino de ciudadanos colaborando con el sistema de justicia. El linchamiento, por el contrario, representa una ruptura total con el Estado de Derecho, un acto de barbarie que nos remonta a épocas oscuras y que no puede ser tolerado en una sociedad democrática. La justicia por mano propia, lejos de solucionar el problema de la inseguridad, lo agrava, generando un ciclo de violencia sin fin. El reto para las autoridades es claro: reforzar la seguridad, garantizar la pronta respuesta policial y fortalecer el sistema de justicia para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y abandone la tentación de tomar la ley en sus propias manos. El futuro de nuestra sociedad depende de ello.