La historia del Instituto Nacional Electoral (INE) es una paradoja de luces y sombras. Por un lado, se erige como un pilar fundamental para la democracia mexicana, un garante de la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Su autonomía, conquistada a lo largo de años de lucha ciudadana, es un tesoro que debe protegerse con celo. Sin embargo, esta noble institución también ha sido protagonista de episodios que empañan su reputación y siembran la duda en la ciudadanía.

Durante décadas, el INE operó bajo un régimen de opulencia, acostumbrado a recibir cuantiosos recursos sin mayor escrutinio. La Cámara de Diputados, con una actitud permisiva, aprobó presupuesto tras presupuesto, alimentando una cultura del gasto desmedido. Compras innecesarias, dispendio en materiales que terminaban acumulando polvo en bodegas, y salarios exorbitantes para consejeros y altos funcionarios, se convirtieron en la norma. Esta abundancia generó una burbuja de privilegios, alejada de la realidad que vivía la mayoría de los mexicanos.

La llegada de la 4T al poder en 2018 marcó un punto de inflexión. La austeridad republicana, bandera del nuevo gobierno, chocaba frontalmente con la cultura del gasto arraigada en el INE. Los recortes presupuestales y la reducción de salarios, si bien necesarios, fueron recibidos con resistencia por parte de algunos sectores del Instituto, acostumbrados a una vida de privilegios. La falta de adaptación a la nueva realidad generó tensiones y desencuentros.

El anteproyecto presupuestal para 2026 reaviva la polémica. En un año sin elecciones federales y con comicios locales limitados a un solo estado, la solicitud de 15 mil millones de pesos resulta difícil de justificar. Mantener una plantilla de casi 18 mil trabajadores para una carga de trabajo significativamente menor, plantea interrogantes sobre la eficiencia y la racionalidad del gasto. Si bien el argumento de que el presupuesto del INE representa apenas un pequeño porcentaje del total federal es cierto, no exime al Instituto de la responsabilidad de optimizar sus recursos y ajustarse a la realidad económica del país.

La reciente reunión entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los consejeros del INE abre una ventana de esperanza. El diálogo, clave para encontrar soluciones consensuadas, debe centrarse en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia. Revisar la plantilla laboral, optimizar la adquisición de materiales electorales y eliminar gastos superfluos, son algunas de las vías para lograr un presupuesto más austero sin comprometer las funciones esenciales del Instituto. La buena voluntad y la disposición al diálogo por parte de ambas partes serán cruciales para alcanzar acuerdos que beneficien a la democracia mexicana. El INE debe ser un ejemplo de austeridad y eficiencia, un organismo al servicio de la ciudadanía, no un privilegiado apartado de la realidad. El futuro de nuestra democracia depende, en parte, de la capacidad del INE para reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias.