La industria del calzado mexicano respira aliviada. Tras años de lucha contra la competencia desleal, el nuevo decreto presidencial que frena la importación temporal de calzado terminado promete un cambio de rumbo. La noticia, anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llega como un bálsamo para un sector que ha visto mermada su producción y, con ello, miles de empleos. Las cifras hablan por sí solas: una caída del 3.1% en la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2019 y 2024, según datos del INEGI, pinta un panorama sombrío. A esto se suma la contracción del 0.1% en la producción y la pérdida de un alarmante 2.8% del empleo en el mismo periodo.

La situación, lejos de mejorar, se agravó en 2024. El INEGI registró una disminución del 12.8% en el PIB del sector del calzado con respecto al 2023, acompañada de una contracción del 12.5% en el valor de la producción. La consecuencia más dolorosa: la pérdida de 10,958 empleos formales, cifra que coloca al sector en una situación sin precedentes. La capacidad de planta utilizada se ha visto reducida en 16.6 puntos porcentuales, lo que evidencia la subutilización de la infraestructura y el potencial productivo del país.

El decreto presidencial apunta directamente al incumplimiento en el retorno de las mercancías importadas temporalmente. Esta práctica, conocida como contrabando técnico, ha socavado la competitividad de la industria nacional, permitiendo la entrada de productos a precios artificialmente bajos y desplazando la producción local. La medida busca poner fin a esta situación y proteger el empleo y la competitividad del sector.

El optimismo es palpable. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha expresado su confianza en el impacto positivo del decreto. "Estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado", declaró, anticipando una recuperación significativa. Las expectativas son altas: se espera un incremento en la producción nacional, la recuperación de los empleos perdidos e incluso la generación de nuevos puestos de trabajo. Además, se prevé una mejora sustancial en la competitividad de la industria, permitiendo a las empresas mexicanas competir en igualdad de condiciones.

Este decreto no solo representa un respiro para la industria del calzado, sino también una apuesta por la economía nacional. Al fortalecer la producción local, se impulsa el desarrollo económico y se genera un círculo virtuoso de crecimiento y empleo. La medida, sin duda, marca un hito en la defensa de la industria nacional y sienta las bases para un futuro más próspero para el sector del calzado en México. Ahora, la mirada está puesta en la implementación del decreto y en los resultados que se obtengan en los próximos meses. La esperanza está puesta en que esta medida sea el inicio de una nueva era para la industria del calzado mexicano.