La justicia, ese ideal tan anhelado, parece desvanecerse como un espejismo en el árido paisaje político de Durango. ¿Independencia judicial? Una quimera. El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, destinado a ser el guardián de la ética judicial, nace bajo la sombra de la sospecha, con la figura del gobernador proyectada sobre su presidencia. Irma Selene Soto Rodríguez, secretaria particular del gobernador Esteban Villegas durante casi dos décadas, asume la dirección de este órgano crucial. Una coincidencia que despierta inquietud y desconfianza. La larga trayectoria de Soto Rodríguez junto a Villegas, a través de diferentes cargos políticos, siembra la duda sobre la imparcialidad de este tribunal. Si bien la elección se llevó a cabo bajo el manto de la legalidad, el hecho de que Soto Rodríguez fuera la única candidata para cada vacante deja un sabor amargo en la boca. Una elección sin opciones, una victoria anunciada. El escenario se completa con la presencia de José Durán Barrera, consejero jurídico del gobierno estatal, y Ángel Gerardo Bonilla Sauceda, magistrado del TSJ, entre los integrantes del Tribunal. La fotografía oficial, lejos de transmitir la imagen de un órgano autónomo y vigilante, semeja más bien un grupo reunido para proteger los intereses del poder. Un blindaje para el futuro, una justicia a la medida.

Mientras tanto, en Baja California Sur, la belleza natural se enfrenta a la voracidad de los intereses inmobiliarios. Las dunas costeras de Todos Santos, un ecosistema protegido por ley, son ahora víctimas de la depredación. Y lo más irónico, el responsable es quien en otro tiempo se presentaba como su defensor. John Joseph Moreno Rutowski, otrora activista ambiental, ahora es señalado como el apoderado legal de la empresa responsable de la construcción del proyecto Bohemian Beach, un complejo de cabañas erigido sin los permisos ambientales necesarios. La metamorfosis de Moreno, de defensor a depredador, es un ejemplo paradigmático de cómo el discurso ambientalista puede ser utilizado como una máscara para ocultar ambiciones personales. La denuncia presentada ante las autoridades federales es un rayo de esperanza en un panorama sombrío. No es la primera vez que la codicia inmobiliaria amenaza los ecosistemas de Baja California Sur. Los casos de La Abundancia y Baja Bay Club, proyectos suspendidos por Profepa y Semarnat, son una muestra de la lucha constante para proteger este paraíso natural.

La ausencia del gobierno estatal, encabezado por Víctor Castro, deja a las organizaciones ambientalistas solas en la batalla contra la devastación. La traición de quienes, como Moreno, utilizaron el discurso ambiental como trampolín para alcanzar sus propios intereses, añade una capa de complejidad a la problemática. Baja California Sur, un tesoro natural en peligro, necesita más que nunca la unión de esfuerzos para frenar la voracidad inmobiliaria y proteger su invaluable biodiversidad. La lucha continúa, la esperanza persiste.