La hambruna en Gaza nos golpea con la crudeza de una realidad ineludible: la fragilidad de la vida y la urgencia de la acción. Presenciar cómo miles de personas, especialmente niños, se enfrentan a la inanición, nos confronta con la dolorosa ineficacia de los derechos humanos en un mundo donde la supervivencia se convierte en un lujo. Más allá de la indignación, la situación en Gaza exige una profunda reflexión sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva. No podemos normalizar la emergencia humanitaria, ni permitir que la indiferencia se instale ante la magnitud del sufrimiento.

El derecho a la alimentación, consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales, no se limita a la simple provisión de comida. Hablamos de un derecho multidimensional que abarca la calidad, la accesibilidad y la adaptabilidad de los alimentos a las necesidades específicas de cada individuo. La desnutrición, especialmente en la infancia, deja cicatrices profundas, comprometiendo el desarrollo físico y cognitivo, y perpetuando un ciclo de vulnerabilidad. En Gaza, la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles catastróficos, con miles de personas al borde de la muerte por inanición. Este escenario desgarrador nos recuerda que el derecho a la alimentación es la base de todos los demás derechos, la piedra angular de la dignidad humana.

La interdependencia de los derechos humanos se hace evidente en situaciones como la que vive Gaza. La falta de acceso a alimentos impacta directamente en el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica. La crisis alimentaria se agrava aún más por la falta de acceso a agua potable y servicios de salud, creando un círculo vicioso de sufrimiento y desesperación. Para los pueblos indígenas, afrodescendientes y tribales, el derecho a la alimentación está intrínsecamente ligado a su cultura y a su relación con la tierra. El desplazamiento forzado, a menudo provocado por el cambio climático, les arrebata no solo su sustento, sino también su identidad.

La comunidad internacional tiene la obligación moral y legal de intervenir. La ayuda humanitaria no es una opción, sino una imperativa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: en contextos de conflicto armado, los Estados tienen la obligación de proporcionar a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras miles de vidas se extinguen. La urgencia de la situación exige acciones concretas, más allá de los discursos y las buenas intenciones. Necesitamos un compromiso real y efectivo de todas las naciones para garantizar la supervivencia y la dignidad de las personas afectadas.

La crisis en Gaza nos interpela a todos. Es un llamado a la humanidad, a la solidaridad y a la acción. No se trata de discutir ideologías o responsabilidades, sino de salvar vidas. Alzar la voz por quienes claman por comida es un deber moral. Es un acto de justicia y un testimonio de nuestra humanidad compartida. El tiempo apremia, y cada minuto que pasa cuenta. La comunidad internacional, las organizaciones humanitarias y cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar con la urgencia que la situación demanda. La vida de miles de personas depende de ello.