La desaparición del INAI y su transformación en el Instituto de la Transparencia para el Pueblo, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha generado una cascada de interrogantes y preocupaciones en torno al futuro del acceso a la información pública en México. No se trata simplemente de un cambio de nombre, sino de un cambio radical en la naturaleza del organismo, que pasa de ser un órgano autónomo, garante de la transparencia, a una entidad subordinada al poder ejecutivo. Este cambio de paradigma, replicado en los estados de la República, pone en tela de juicio la imparcialidad y la eficacia de los mecanismos de acceso a la información, abriendo la puerta a posibles sesgos y manipulaciones.

La conmemoración del 19 aniversario del InfoCDMX, con su impresionante historial de atención a solicitudes de información y recursos de revisión, sirve como un recordatorio tangible del valor de estos organismos. Dos millones de solicitudes atendidas y más de 60 mil recursos de revisión tramitados hablan por sí solos de la vital función que desempeñan en la defensa del derecho a la información. El argumento de la onerosidad y la duplicidad de funciones, utilizado para justificar la extinción del INAI y sus homólogos estatales, se desmorona ante la evidencia de la labor realizada y el impacto positivo en la ciudadanía. Herramientas innovadoras, diseñadas para facilitar el acceso a la información, son ahora un legado en riesgo, un testimonio de lo que se puede lograr con autonomía e independencia.

La incertidumbre se cierne sobre el futuro del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo se articulará ahora, sin la participación de los órganos garantes independientes? La protección de datos personales, una función crucial en la era digital, queda también en entredicho. ¿Qué garantías existen de que esta información sensible será manejada con la debida diligencia y resguardo, sin estar sujeta a presiones políticas?

La masa crítica de especialistas en transparencia y protección de datos personales, formada a lo largo de años de experiencia y dedicación, se enfrenta a un futuro incierto. ¿Se respetarán sus derechos laborales? ¿Se les brindará la oportunidad de integrarse a los nuevos institutos, conservando su independencia y capacidad de acción? La pérdida de este capital humano representaría un duro golpe para la transparencia en México.

Las instalaciones, la tecnología y las herramientas desarrolladas por los institutos para facilitar el acceso a la información, representan una inversión considerable. ¿Cuál será su destino? ¿Se aprovecharán para fortalecer los nuevos organismos o se corre el riesgo de que se desperdicien o se desvíen hacia otros fines? Temas cruciales como el gobierno abierto y la gestión de archivos, pilares de la transparencia y la rendición de cuentas, quedan también en el aire. ¿Qué área asumirá estas responsabilidades y con qué recursos?

Los procesos de negociación que se avecinan serán determinantes. La buena relación entre los comisionados restantes y el gobierno en turno jugará un papel clave. La claridad y precisión en las normas que se desarrollen en las entidades federativas serán fundamentales para evitar ambigüedades y garantizar la eficacia de los nuevos mecanismos.

Es imperativo que en todo este proceso prime el interés y el beneficio de los ciudadanos. El acceso a la información es un derecho fundamental, un pilar de la democracia. Retroceder en este camino sería un grave error, una señal de debilitamiento institucional y una pérdida irreparable para la sociedad mexicana. La transparencia no es un lujo, sino una necesidad.