La reforma judicial ha abierto un intenso debate en torno al futuro de la jurisprudencia. A pesar de la incertidumbre inicial, la ausencia de disposiciones explícitas en la reforma que deroguen la jurisprudencia existente nos lleva a un punto de partida claro: la jurisprudencia previa se mantiene vigente. Esto descarta, desde luego, el infundado temor, aunque latente en algunos sectores, de una posible ruptura con la línea jurisprudencial anterior.

Este panorama nos sitúa ante un segundo punto crucial: el papel de la jurisprudencia como brújula en la toma de decisiones, especialmente ante la posible inexperiencia de algunos nuevos jueces. Se vislumbra una era de revitalización de la jurisprudencia, donde su conocimiento y correcta aplicación serán esenciales. Aquí radica la importancia de la capacitación continua de los nuevos integrantes del Poder Judicial, con un enfoque central en el manejo e interpretación de la jurisprudencia.

Este impulso a la jurisprudencia se espera que trascienda el ámbito federal y se extienda a las entidades federativas. Si bien solo un 30% de ellas cuentan con sistemas de jurisprudencia robustos, la reforma puede ser el catalizador para fortalecer estos sistemas y promover la seguridad jurídica a nivel local, profesionalizando la función judicial en todo el país.

Expertos en la materia sugieren que la magnitud de la reforma justifica el inicio de una nueva época del Semanario Judicial de la Federación (SJF), la Duodécima, siguiendo la tradición de marcar hitos jurisprudenciales tras reformas constitucionales trascendentales, como la de derechos humanos del 2011 (Décima Época) y la del sistema de jurisprudencia en 2021 (Undécima Época). Este cambio de época simbolizaría el impacto de la reforma en la interpretación jurídica y marcaría un nuevo capítulo en la evolución del derecho mexicano.

Una de las mayores preocupaciones radica en el destino de la jurisprudencia emanada de las Salas de la Suprema Corte, que desaparecerán con la reforma. Surge la duda sobre la validez y obligatoriedad de esta jurisprudencia para los tribunales inferiores. Sin embargo, este temor carece de fundamento. La jurisprudencia de las Salas, al ser parte integrante de la Suprema Corte, mantiene su vigencia. Solo dejará de ser obligatoria si el Pleno de la Corte emite un nuevo criterio que la interrumpa, debidamente justificado, según lo establecido en el artículo 94 constitucional. Este tipo de cambios orgánicos han ocurrido antes sin generar vacíos jurídicos, por lo que se espera una transición fluida en este aspecto.

La reforma también nos brinda la oportunidad de abordar un tema pendiente desde 2021: la sistematización y publicación de la jurisprudencia. La introducción de la jurisprudencia por precedentes y la eliminación de la reiteración para la Suprema Corte generaron un desfase entre los criterios obligatorios (todos los votados por mayoría) y los publicados en el SJF (solo los relevantes). Publicar todos los criterios es inviable, pero es crucial encontrar un nuevo sistema de organización y difusión que garantice el acceso a la jurisprudencia y materialice los objetivos de la reforma de 2021, que de otra manera se quedaría en un cambio meramente formal.

En conclusión, aunque la reforma judicial no modificó directamente la jurisprudencia, sus consecuencias son significativas. Se abren retos en materia de regulación y organización interna que la Suprema Corte deberá abordar. La jurisprudencia cobra una importancia renovada, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la seguridad jurídica. Es imperativo que las escuelas judiciales, instituciones académicas y centros de enseñanza se comprometan con su conocimiento y difusión, garantizando así una aplicación uniforme y eficaz del derecho en esta nueva era.