La sombra del contrabando se extiende sobre México, tejiendo una red compleja que amenaza la economía, la salud pública e incluso la seguridad nacional. Las cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en 2024, con 834 reconocimientos y 383 Órdenes de Verificación de Mercancías en Transporte (OVMT), pintan un panorama preocupante: más de 10 millones de cajetillas de cigarros embargadas y 18 empresas bajo la lupa por operaciones irregulares son solo la punta del iceberg. El puesto 83 que ocupa México en el ranking global de combate a ilícitos de TRACIT, con debilidades flagrantes en control aduanero y regulación, confirma la magnitud del desafío.

Las consecuencias son devastadoras. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima una pérdida de 250 mil empleos en sectores clave como el textil y el calzado, con el cierre definitivo de más de 40 empresas. Aún más alarmante es el dato de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra): uno de cada tres productos vendidos en el país es ilegal, un triste liderazgo que coloca a México a la cabeza de la piratería y el contrabando en América Latina.

El caso del tabaco es paradigmático. De los 70 millones de cigarros que se consumen diariamente en México, 14 millones son ilegales, un 20% que representa un crecimiento del 240% del mercado ilícito entre 2017 y 2023. Detrás de estas cifras se esconde el “Cártel del Tabaco”, una organización criminal que produce cajetillas sin los códigos de seguridad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las distribuye a través de una red de pequeños comerciantes, ofreciéndolas a precios hasta un 30% inferiores a los del mercado legal, una competencia desleal que ahoga a la industria formal.

La Operación Limpieza en la Ciudad de México, con el decomiso de 90 mil productos de contrabando en el México Mart, y las incautaciones del SAT por 1,600 millones de pesos en el primer semestre de 2024, son esfuerzos loables, pero insuficientes para frenar la avalancha de productos ilícitos que inundan el mercado. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) alerta sobre la invasión de productos asiáticos ilegales, que ha provocado caídas de hasta el 60% en las ventas de empresas nacionales.

Pero el costo del contrabando trasciende lo económico. La salud pública está en grave riesgo. El alcohol adulterado, los medicamentos falsificados, los plaguicidas prohibidos y los productos electrónicos sin garantías de seguridad son una amenaza latente para los consumidores. Casos de intoxicaciones mortales por alcohol ilícito y la circulación de medicamentos con sustancias nocivas son una trágica realidad. La seguridad alimentaria se ve comprometida por el uso de plaguicidas prohibidos, mientras que la proliferación de productos electrónicos falsificados en plataformas digitales expone a los consumidores a riesgos desconocidos. El contrabando es, en definitiva, un problema multidimensional que exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. No se trata solo de proteger la economía, sino de salvaguardar la salud y la seguridad de todos los mexicanos.