En el árido terreno de la política mexicana, donde las confrontaciones suelen ser despiadadas, se alza una figura vulnerable: la de los menores de edad. Hijos de figuras públicas, expuestos al escrutinio incesante y, en ocasiones, a la crueldad anónima de las redes sociales. El caso de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un paradigmático ejemplo de cómo el odio político trasciende los límites de la decencia, alcanzando a quienes no deberían ser parte del conflicto.

Desde su infancia, Jesús Ernesto ha sido objeto de burlas, insultos y ataques sistemáticos en redes sociales y algunos medios de comunicación. Un linchamiento digital que no solo vulnera su privacidad, sino que atenta contra su dignidad como persona. Recordemos el episodio de 2018, cuando, siendo aún un niño, fue ridiculizado por algo tan trivial como su cabello. ¿Qué clase de sociedad se ensaña con un menor por su apariencia física?

El acoso no cesó ahí. En 2022, una fotografía suya se viralizó, desatando una nueva ola de ciberacoso coordinado. Las burlas sobre su físico inundaron las redes, exhibiendo la bajeza y ruindad de quienes se escudan en el anonimato para descargar su frustración y odio. Si bien figuras públicas y políticas salieron en su defensa con el hashtag #ConLosNiñosNo, el daño ya estaba hecho. La huella digital del acoso persiste, un recordatorio constante de la crueldad que puede albergar el mundo virtual.

Posteriormente, en 2024, un video supuestamente lo mostraba en estado de ebriedad, avivando aún más el escándalo mediático. Y en 2025, las críticas continuaron, ahora centradas en acusaciones de un “estilo de vida ostentoso”, privilegios en aeropuertos y vacaciones lujosas. Todo amplificado por las redes sociales y la prensa opositora. Una narrativa que, independientemente de su veracidad, busca golpear al expresidente a través de su familia.

La ironía se presenta con el caso de la periodista Lourdes Mendoza, quien recientemente publicó una foto de Jesús Ernesto con un comentario despectivo y discriminatorio, incitando a las burlas. Ahora, Mendoza se presenta como víctima tras el acoso que ha sufrido su propia hija menor en redes sociales, acusando a “bots” de orquestar los ataques. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad individual en el clima de hostilidad que se respira en las redes. ¿Es lícito utilizar a los menores como armas arrojadizas en la batalla política?

Todo ataque a través de la familia es condenable, pero cuando se trata de menores de edad, la ruindad alcanza niveles inaceptables. Atacar a niños para dañar a un adversario político revela una falta de ética que trasciende las diferencias ideológicas. Más allá de la moral, estas acciones pueden constituir un delito, vulnerando el principio del "Interés Superior de la Niñez", un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y consagrado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

El sistema jurídico mexicano e internacional es claro: las infancias son prioridad. Es imperativo protegerlas de la violencia y el acoso, especialmente en el contexto digital. El debate político no puede justificar el atropello a los derechos de los menores. Es hora de que la sociedad, los medios de comunicación y las figuras públicas asuman su responsabilidad en la construcción de un espacio digital más seguro y respetuoso para todos, especialmente para los más vulnerables. La dignidad de un niño no puede ser el precio a pagar en la arena política.