La embestida contra la senadora Lilly Téllez se ha convertido en un preocupante síntoma del clima político que se respira en México. No se trata simplemente de un desacuerdo ideológico, sino de una clara intención de silenciar voces disidentes, una estrategia que recuerda a los episodios más oscuros de nuestra historia. La acusación de "traición a la patria" es no solo desproporcionada, sino francamente absurda, un artificio legal utilizado para desacreditar y amedrentar a quienes osan cuestionar al poder.

¿En qué momento pedir cooperación internacional para combatir al crimen organizado se convirtió en un acto de traición? La colaboración entre países para enfrentar desafíos comunes, como el narcotráfico, es una práctica habitual en el mundo. De hecho, el propio gobierno mexicano ha solicitado y recibido apoyo de otros países en diversas ocasiones. Pretender presentar la búsqueda de alianzas como una cesión de soberanía es una manipulación grosera de la realidad.

Lo que realmente molesta a la 4T no es el supuesto "atentado a la patria", sino la incomodidad que generan las críticas de Téllez. La senadora ha señalado con valentía la creciente influencia del narcotráfico durante la actual administración, un tema que el gobierno prefiere ignorar o minimizar. En lugar de atender las legítimas preocupaciones de la ciudadanía, se opta por desviar la atención atacando al mensajero.

Este patrón de conducta se repite con otros críticos del gobierno. Periodistas, activistas, ciudadanos comunes que expresan su descontento son objeto de campañas de desprestigio, amenazas y persecución. Se busca crear un clima de miedo para inhibir la disidencia y mantener el control de la narrativa.

Es fundamental recordar que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Sin la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y cuestionar al poder, nos encaminamos hacia un régimen autoritario. El caso de Lilly Téllez no es un hecho aislado, sino un reflejo de la creciente intolerancia y autoritarismo que se vive en México. Es responsabilidad de todos defender el derecho a la libre expresión y exigir un debate público plural y respetuoso. Silenciar las voces críticas no resuelve los problemas del país, solo los agrava. La verdad no se combate con censura, sino con argumentos y con la capacidad de escuchar y dialogar con quienes piensan diferente. La persecución a Lilly Téllez es un atentado no solo contra ella, sino contra todos los mexicanos que creemos en la democracia y la libertad.