La renovada tregua arancelaria de 90 días otorgada por el presidente Trump a México, que evita la imposición de aranceles del 25% o más a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, se presenta como un arma de doble filo. Si bien aparenta ser una señal de la vigencia del TMEC, a pesar de las repetidas controversias, también implica una reconfiguración de la estrategia mexicana en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, impuesta por la presión estadounidense.

Aunque la presidenta Sheinbaum y su gabinete han denunciado la imposición de estos aranceles –particularmente a los sectores automotriz, del acero y del aluminio– como una violación flagrante del TMEC, México ha optado por no imponer aranceles de represalia, una herramienta permitida dentro del propio acuerdo comercial. Esta decisión estratégica responde a una doble motivación: por un lado, se busca evitar una escalada en las tensiones con la administración Trump, como ha ocurrido con otros países como Canadá y Brasil; por otro, se prioriza la preservación del TMEC, no necesariamente por su funcionalidad óptima, sino por su valor como instrumento para obtener exenciones en la guerra comercial global impulsada por Estados Unidos.

Mientras que otras naciones han negociado aranceles generalizados del 10% (Gran Bretaña), 15% (Unión Europea) o treguas del 30% (China), la administración Sheinbaum puede argumentar que la tarifa del 25% impuesta por Trump, bajo el pretexto de la migración y el narcotráfico, no afecta a las exportaciones mexicanas que cumplen con los requisitos del TMEC. Sin embargo, esta aparente victoria esconde la necesidad de una negociación más profunda para desmantelar o minimizar los aranceles globales impuestos por Trump a sectores clave como el automotriz, el acero y el aluminio. Estos aranceles, parte de la estrategia "Make America Great Again" de Trump, buscan repatriar cadenas de suministro e inversión a Estados Unidos, reviviendo su pasado industrial.

Considerando que el sector automotriz representa el 27% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, lograr concesiones o acuerdos comerciales en este ámbito es crucial. No obstante, los desafíos en materia de seguridad y narcotráfico son aún más complejos. La presión estadounidense, más allá de los aranceles, ha influenciado las políticas mexicanas en migración y combate al narcotráfico, resultando en la militarización de la frontera norte, la aceptación de deportaciones, la debilitación del cártel de Sinaloa y la extradición de narcotraficantes.

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las acusaciones de una "alianza intolerable" entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, otorgan al ejército estadounidense la potestad de monitorear e incluso atacar a estos grupos, cuestionando la soberanía de México en materia de seguridad. Ante esta situación, Sheinbaum ha establecido una segunda línea roja: no se tolerará ninguna intervención extranjera sin la autorización del gobierno mexicano. Desde hace meses, se negocian nuevos acuerdos de cooperación en seguridad y narcotráfico con Estados Unidos para reemplazar la Iniciativa Mérida.

Todo indica que este nuevo acuerdo implicará una mayor participación de México en el combate a la producción y tráfico de drogas, con apoyo tecnológico y de inteligencia de agencias estadounidenses. El entrenamiento de policías estatales por parte de agencias ligadas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como se anunció en Sonora, podría ser otro componente. La cancelación de visas a funcionarios sospechosos y la confiscación de bienes provenientes del lavado de dinero también podrían formar parte del acuerdo.

El punto más delicado radica en definir el alcance de la participación estadounidense, evitando validar las afirmaciones de Trump sobre la obediencia de México a sus demandas. La reciente desaprobación de Sheinbaum al supuesto acuerdo con la DEA para implementar el Proyecto Portero en la frontera, evidencia los desacuerdos sobre el nivel de intervención de las agencias estadounidenses.

Preservar el TMEC y disuadir a Trump de tomar medidas unilaterales, tanto militares como de otro tipo, en la lucha contra el narcotráfico, son los dos grandes desafíos que enfrenta la presidenta Sheinbaum. ¿Logrará superarlos? Y de ser así, ¿a qué costo? El futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos pende de un hilo, en un complejo juego de presiones, negociaciones y líneas rojas que definirán el panorama geopolítico de la región.