Un manto de sospechas se cierne sobre la pasada administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. La Secretaría de Salud del estado ha destapado una trama de presuntas irregularidades que involucran la adjudicación ilícita de contratos, con un quebranto al erario público que asciende a la escandalosa cifra de más de 343 millones de pesos. El dinero, según las investigaciones, habría fluido hacia las arcas de dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona: Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, bajo la dirección de Carlos Alejandro Romero Guerra.

La madeja de este complejo caso comenzó a desenredarse gracias a la exhaustiva labor de la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Administración. Las denuncias presentadas ante diversas instancias, incluyendo el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, apuntan a un posible uso indebido de atribuciones y facultades, así como a operaciones con recursos de procedencia ilícita. La sombra de la corrupción se extiende sobre varios exfuncionarios, quienes presuntamente se coludieron para beneficiar a las empresas señaladas.

El modus operandi, según lo revelado por Iván Saldaña Magaña, director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud, se basaba en la celebración de contratos de prestación de servicios durante los años 2017 y 2018. Estas empresas, ligadas a los hermanos Carmona, se convirtieron en proveedoras de mantenimiento para diversos hospitales de la entidad. Lo que resulta aún más inquietante es la revelación de un acuerdo por un monto cercano a los 500 millones de pesos, del cual, inexplicablemente, se dejaron de pagar 157 millones. Un hecho que levanta aún más sospechas y que, hasta el momento, no cuenta con una justificación clara. ¿Por qué las empresas involucradas no reclamaron legalmente este adeudo? Esta pregunta resuena con fuerza en medio de las investigaciones.

La colaboración de personas que formaron parte de la anterior administración ha sido clave para desentrañar esta red de presuntas irregularidades. Se trata de testimonios valiosos que aportan piezas fundamentales al rompecabezas de la corrupción. Las autoridades han sido enfáticas al asegurar que no se trata de una persecución política, sino de un acto de transparencia y rendición de cuentas. El objetivo es claro: esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este desfalco que ha perjudicado las finanzas del estado y, en consecuencia, los servicios de salud que se brindan a la población tamaulipeca.

La ciudadanía espera con atención el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento total de los hechos. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos y la transparencia es el pilar fundamental para construir un gobierno honesto y eficiente. El caso de los hermanos Carmona y los contratos con la Secretaría de Salud se convierte en un ejemplo de la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. ¿Qué otras irregularidades se esconden tras la fachada de la pasada administración? El tiempo y las investigaciones lo dirán.