La sombra de la sequía se cierne sobre Soyaniquilpan de Juárez. Desde la llegada de Niagara Bottling en 2019, los pozos que antaño saciaban la sed del municipio mexiquense se han convertido en un pálido reflejo de lo que fueron. Casi tres mil millones de litros de agua al año, amparados por un permiso de la Conagua, fluyen hacia las plantas embotelladoras de la empresa estadounidense, mientras la comunidad observa impotente el descenso implacable del nivel freático. La angustia se traduce en un clamor popular, en un amparo que busca reivindicar lo que consideran un derecho fundamental: el agua como patrimonio de los mexicanos, no como mercancía de empresas extranjeras. El fallo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México se convierte en un parteaguas. ¿Prevalecerá el interés colectivo o se consolidará un modelo privatizador que deja a su paso un desierto de incertidumbre?

La tensión se palpa en el aire. Niagara Bottling, con la mirada puesta en su imperio del agua embotellada, ha movido sus fichas con la precisión de un ajedrecista. El despacho jalisciense Martínez y De Labra, conocido por sus controversiales métodos de “cabildeo”, se suma a la partida. Se rumora que Steeven Calderón, director de Exportaciones en México de la embotelladora, ha recibido instrucciones directas desde California: asegurar una sentencia favorable a cualquier costo. El fantasma de la corrupción planea sobre el tribunal mexiquense. Dos de sus tres integrantes, incluido el magistrado Vladimir Véjar Gómez, autor de un proyecto de sentencia presuntamente favorable a Niagara, abandonarán sus cargos el primero de septiembre. ¿Coincidencia o una calculada jugada en el “Año de Hidalgo”? La posibilidad de una “jubilación” anticipada, cortesía de la embotelladora, añade un matiz oscuro a la trama.

La mirada se extiende más allá de Soyaniquilpan. En la región Choluteca de Puebla, el eco de la lucha resuena con fuerza. Allí, Bonafont, filial de Danone, enfrenta acusaciones similares: sobreexplotación de los manantiales, ecocidio y despojo. El socavón de Santa María Zacatepec, una herida abierta en la tierra, se erige como un símbolo del impacto devastador de la industria embotelladora. La comunidad poblana, al igual que la mexiquense, se alza en defensa de su derecho al agua, en un desafío a los gigantes transnacionales que ven en el líquido vital un simple producto de mercado.

Mientras tanto, el informe final de la ministra Norma Piña deja un sabor amargo. Un mar de datos incapaces de ocultar la falta de autocrítica, la soberbia que la acompañó durante su gestión. En contraste, la serenidad de Loretta Ortiz, su mensaje conciliador, abre una ventana a la esperanza. El futuro del Poder Judicial, su independencia y su compromiso con la justicia social, dependen de la capacidad de sus integrantes para actuar con firmeza, pero también con sensibilidad y visión política. La anécdota del ministro Javier Laynez, aplaudido por su pareja al término de su discurso, pone una nota irónica en el cierre de un capítulo crucial para la Suprema Corte. ¿Un simple gesto de afecto o una premonición de los aplausos acarreados que podrían acompañar a la nueva era judicial?

En medio de la incertidumbre, una noticia sacude al mundo empresarial: el fallecimiento de Ricardo Guajardo Touché, figura emblemática del empresariado regiomontano. Su legado, marcado por su liderazgo en instituciones como Bancomer, FEMSA, Bimbo y Vitro, es un recordatorio de la importancia de la visión estratégica y el compromiso con el desarrollo económico. Su partida deja un vacío en el panorama empresarial mexicano, pero también una inspiración para las nuevas generaciones de líderes.