Un paso crucial hacia la vivienda adecuada para todos los trabajadores mexicanos se ha dado en la Cámara de Diputados. Las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Vivienda han aprobado un dictamen que modifica las leyes del Infonavit y del ISSSTE, alineándolas con la reciente reforma constitucional que garantiza el derecho a una vivienda digna. Esta armonización legal, según el dictamen, es fundamental para brindar seguridad jurídica a los trabajadores y impulsar el acceso a una vivienda que cumpla con los estándares adecuados. Se busca, en esencia, traducir el espíritu de la reforma constitucional –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024– a la práctica, dotando a las instituciones de las herramientas necesarias para hacer realidad este derecho fundamental.

La diputada Maribel Martínez, presidenta de la Comisión de Vivienda, ha destacado la importancia de esta armonización, subrayando que la incorporación de la definición de "vivienda adecuada" en las leyes del Infonavit y del ISSSTE es un paso fundamental. Esto significa que ambos institutos deberán operar bajo los parámetros de esta definición, lo que se traduce en una mayor claridad y precisión en la asignación de recursos y la otorgación de créditos. Se espera que este cambio genere un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles acceder a viviendas que satisfagan sus necesidades y las de sus familias.

Sin embargo, no todos los legisladores comparten el mismo entusiasmo. El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, reconoció el avance que representa la propuesta, pero señaló la necesidad de un perfeccionamiento técnico para garantizar su eficacia y evitar la discrecionalidad administrativa. Ramírez Barba hizo hincapié en la importancia de incorporar la definición de "vivienda adecuada" con base en los siete elementos establecidos por la ONU-Hábitat. Estos elementos, que abarcan desde la seguridad jurídica de la tenencia hasta el acceso a servicios básicos, son considerados estándares internacionales para garantizar una vivienda digna. La omisión de estos criterios, según el diputado, podría generar ambigüedades y dificultar la aplicación efectiva de la reforma.

En la misma sesión, las comisiones también desecharon una iniciativa que proponía una tasa de interés cero para créditos de hasta 850 mil pesos o 250 mil UMAS en el Infonavit y el Fovissste. Esta propuesta, si bien atractiva para los trabajadores, fue considerada inviable debido al impacto que tendría en la sostenibilidad financiera de ambos institutos. Se argumentó que los intereses generados por los créditos son esenciales para financiar nuevos préstamos, y que una tasa cero pondría en riesgo la capacidad de las instituciones para continuar otorgando créditos a futuro. Esta decisión, sin duda, generará debate y plantea la necesidad de explorar alternativas que permitan facilitar el acceso a la vivienda sin comprometer la viabilidad financiera de los institutos.

Este proceso legislativo refleja la complejidad del desafío de garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todos los mexicanos. Si bien se han dado pasos importantes, persisten retos que requieren un análisis profundo y un diálogo constructivo entre los diferentes actores involucrados. El futuro de la vivienda en México depende de la capacidad del Estado para implementar políticas públicas eficaces y garantizar que el derecho a una vivienda digna se convierta en una realidad para todos.