El clamor de casi 11 millones de niñas, niños y adolescentes resuena con fuerza en los resultados de la consulta infantil y juvenil del INE. Un eco que nos interpela, nos exige una reflexión profunda sobre el sistema educativo y, sobre todo, sobre la necesidad imperante de escuchar a quienes son su razón de ser: las y los estudiantes. No podemos seguir diseñando políticas educativas a espaldas de sus verdaderos protagonistas. Imaginemos un aula donde el profesor dicta la lección sin prestar atención a las dudas, a las inquietudes, a las necesidades de sus alumnos. ¿Qué tipo de aprendizaje se puede esperar en un ambiente así? El sistema educativo, en su conjunto, corre el riesgo de convertirse en ese profesor sordo a las voces de sus estudiantes si no tomamos en serio los datos revelados por esta consulta.

La seguridad, un concepto tan básico y fundamental, se entrelaza de manera inextricable con la participación y el respeto. Para los más pequeños, de 3 a 5 años, la seguridad se traduce en ser escuchados, en recibir explicaciones sin gritos, en un ambiente de comprensión y cariño. Es en esta etapa donde se sientan las bases del amor por el aprendizaje, y un entorno hostil puede generar un rechazo irreversible hacia la escuela. ¿Cómo podemos permitir que casi un 10% de las niñas y niños indígenas de esta edad estén fuera del sistema educativo? Es una cifra alarmante que nos debe llevar a cuestionar la pertinencia y la inclusividad de nuestras políticas.

A medida que crecen, la necesidad de participación se intensifica. Las niñas y niños de 6 a 9 años anhelan ser tomados en cuenta, que sus opiniones sean valoradas. Además, demandan un entorno físico digno: escuelas limpias, ordenadas, con luz. Algo tan básico como la infraestructura se convierte en un factor determinante para su bienestar y su aprendizaje. Y de nuevo, la sombra de la exclusión se cierne sobre los grupos más vulnerables: niños con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas.

En la adolescencia, la demanda de participación se transforma en una exigencia de espacios de expresión. Los jóvenes de 10 a 17 años necesitan sentirse parte activa del proceso educativo, ser escuchados y respetados en su individualidad. La lucha contra la discriminación se convierte en una bandera, un anhelo de un ambiente escolar inclusivo y libre de prejuicios. Quieren escuelas en buenas condiciones, sí, pero también quieren ser tratados con dignidad, que se valore su voz, que se les reconozca como sujetos de derecho.

Estos datos no son simples números, son testimonios, son un llamado a la acción. No podemos permitir que la desigualdad siga perpetuándose, que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o hablantes de lenguas indígenas sigan siendo excluidos del sistema educativo. Necesitamos políticas públicas que garanticen la inclusión, la equidad y la calidad educativa para todos, sin excepción. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de construir un sistema educativo que realmente escuche y responda a las necesidades de sus estudiantes. Un sistema que no solo los prepare para el futuro, sino que les permita ser protagonistas del presente. La participación infantil y juvenil no es un favor que les concedemos, es un derecho que debemos garantizar. El futuro de nuestro país depende de ello.