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28 de agosto de 2025 a las 02:25

Maltrato Infantil: Un Padre Clama Justicia

La indignación recorre las redes sociales tras la viralización de un perturbador video. En él, una mujer, identificada como Mariana, propina un golpe en el rostro con un cinturón a un niño de ocho años mientras este realizaba sus tareas escolares. La crudeza de las imágenes ha conmocionado a la opinión pública, desatando una ola de repudio y exigiendo justicia para el menor. Detrás de la denuncia se encuentra Benjamín, expareja de Mariana, quien no solo ha expuesto públicamente la violencia ejercida contra el niño, sino que también ha revelado su propia lucha por recuperar el contacto con su hijo de cuatro años, retenido ilegalmente por la mujer desde el pasado 5 de febrero.

La angustia de Benjamín es palpable. A pesar de no ser el padre biológico del niño agredido en el video, su preocupación por el bienestar del menor lo llevó a interponer una denuncia ante el DIF en abril. Sin embargo, se topó con un muro de indiferencia institucional. Según su testimonio, la respuesta que recibió fue desalentadora: al no ser familiar directo, no podía proceder con la denuncia. Esta situación pone en evidencia las trabas burocráticas que a menudo dificultan la protección de los menores en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántos niños más estarán sufriendo en silencio mientras las instituciones se escudan en tecnicismos legales?

El drama personal de Benjamín se intensifica al relatar el calvario que vive al no poder ver a su propio hijo. “Desde el pasado 5 de febrero no he podido ver, ni siquiera comunicarme con él”, confiesa con desesperación. El temor a que su hijo esté siendo víctima de los mismos maltratos que el niño del video lo corroe. Sus palabras dibujan la imagen de una mujer con un historial de violencia hacia los niños, con episodios de golpes, mordidas y amenazas que, según él, han quedado impunes. “Ella es una persona violenta con los niños”, afirma con rotundidad, dejando entrever un patrón de conducta que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

La ineficacia del sistema judicial se convierte en otro obstáculo en la búsqueda de justicia de Benjamín. A pesar de haber interpuesto una denuncia por sustracción y retención de menores en abril, el proceso parece estar estancado. “Aún ni siquiera la han citado”, lamenta. La batalla legal que ha emprendido se ha convertido en un laberinto burocrático donde la justicia se retrasa, dejando a su hijo en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. La pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar para que su voz sea escuchada y se tomen las medidas necesarias para proteger a su hijo?

Como si la angustia de la separación y la impotencia ante la falta de respuesta institucional no fueran suficientes, Benjamín ahora enfrenta un nuevo desafío: amenazas telefónicas. Tras la viralización del caso en redes sociales, ha recibido llamadas intimidatorias en las que le advierten sobre posibles represalias e intentos de incriminarlo con cargos falsos. Estas amenazas, que ya ha documentado como prueba, evidencian la gravedad de la situación y la necesidad de brindar protección no solo a los menores, sino también a quienes valientemente alzan la voz para denunciar estos hechos.

Ante la desidia institucional, Benjamín ha recurrido a la presión social. Su llamado a la difusión del caso y a etiquetar a las autoridades competentes en redes sociales es un grito desesperado por justicia. “Me gustaría que me ayudaran a compartir o a etiquetar a las instituciones y autoridades correspondientes para poder hacer un poco de presión social”, suplica. Su petición pone de manifiesto la importancia de la movilización ciudadana como herramienta para exigir respuestas y visibilizar la problemática del maltrato y la retención ilegal de menores.

La historia de Benjamín y los niños involucrados es un reflejo de las fallas del sistema de protección a la infancia. Es un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a las denuncias de maltrato y retención ilegal de menores, para que ningún niño más tenga que vivir bajo la sombra de la violencia y la indiferencia.

Fuente: El Heraldo de México