El ocaso del Poder Judicial neoliberal marca un hito en la historia de México. Un sistema que, durante décadas, operó a la sombra de la injusticia social, amparando la corrupción y el desmantelamiento del patrimonio nacional, finalmente llega a su fin. Este periodo, marcado por la crisis económica y la desprotección de los más vulnerables, fue testigo de cómo este poder avaló el anatocismo, la destrucción del sistema de pensiones y las privatizaciones que sumieron al país en una profunda desigualdad. Se validaron fraudes electorales, se encubrieron crímenes atroces como el de la Guardería ABC, y se liberaron a capos del narcotráfico, mientras se congelaban los salarios mínimos, perpetuando la pobreza de millones.

Ante este panorama desolador, la reforma al Poder Judicial se convirtió en una necesidad imperante. Un clamor popular que exigía un sistema justo, transparente y al servicio del pueblo. En este contexto, la labor realizada durante la 11ª época ha sido crucial para impulsar esta transformación. Se denunció el desorbitado presupuesto que no se traducía en justicia para la sociedad, la opacidad en la rendición de cuentas, los privilegios inconstitucionales y la corrupción rampante que imperaba en el sistema. Se recorrieron las 32 entidades del país, llevando un diagnóstico de la cruda realidad del Poder Judicial y recogiendo las demandas de la ciudadanía. La participación en la primera elección judicial fue un paso fundamental para democratizar este poder y asegurar que las nuevas figuras electas respondieran a las necesidades del pueblo.

La intensa labor jurisdiccional, con miles de asuntos revisados y votados, refleja el compromiso con la justicia y la defensa de los derechos de los mexicanos. Se presentaron proyectos de sentencia que buscaban proteger a los más vulnerables, como el caso de los jubilados del ISSSTE, y se combatieron las prácticas abusivas de grandes empresarios. Sin embargo, también se enfrentaron obstáculos y resistencias por parte de quienes se beneficiaban del sistema anterior. La manipulación de los procesos y la violación de precedentes, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, evidenciaron la necesidad de una reforma profunda que erradicara estas prácticas.

La austeridad republicana ha sido un pilar fundamental en esta etapa. Se devolvieron millones de pesos al erario público, renunciando a prestaciones y privilegios, en un acto de congruencia con los principios de justicia social. El ahorro generado por el equipo de trabajo, sumado a la renuncia a bonos, seguros privados y viáticos, demuestra el compromiso con el uso responsable de los recursos públicos. La capacitación del equipo se priorizó en instituciones públicas, evitando gastos innecesarios en instituciones privadas, y se promovió el diálogo y la reflexión a través del Círculo de Estudios, con la participación de destacados especialistas en diversas áreas.

La atención ciudadana ha sido una prioridad, escuchando las quejas y solicitudes de la gente en universidades, barrios y comunidades originarias. Se recopilaron miles de testimonios que reflejan la necesidad de un Poder Judicial accesible, eficiente y al servicio de la justicia social. La ciudadanía espera que las nuevas figuras electas defiendan sus derechos, actúen con probidad y respeten los recursos públicos.

El futuro del Poder Judicial se vislumbra con esperanza. La reforma representa una oportunidad histórica para construir un sistema justo, transparente y al servicio del pueblo. Un sistema que judicialice los derechos sociales, que proteja a los más vulnerables y que combata la corrupción. La tarea es trascendental y requiere del compromiso de todos para construir una nueva era de justicia en México. Un Poder Judicial que responda a las demandas del pueblo y que sea un pilar fundamental para la construcción de un país más justo e igualitario.