La consternación que ha provocado el asesinato de Luna, una niña de tan solo 13 años, a manos de su propio padre, un coronel retirado del Ejército Uruguayo, ha sacudido a la sociedad uruguaya hasta sus cimientos. Este terrible acto, seguido del suicidio del progenitor, ha dejado al descubierto una serie de fallas e interrogantes que exigen una profunda reflexión sobre la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad. Más allá de la indignación y el dolor, este caso nos obliga a analizar las señales que, lamentablemente, fueron ignoradas.

La historia de Luna, marcada por la tragedia desde antes de su nacimiento, comenzó en el Congo, donde su padre, José María Etchegoyen Lechini, conoció a su madre durante una misión de paz de la ONU. Su llegada a Uruguay, en busca de una vida mejor, lejos de ser el inicio de una nueva etapa, se convirtió en un descenso a los infiernos. La disfemia que padecía, un trastorno de la comunicación que se manifiesta con tartamudez, lejos de ser un motivo de apoyo y comprensión por parte de su padre, se convirtió en una vulnerabilidad más que, según testimonios, fue explotada para ejercer maltrato psicológico.

Si bien la convivencia inicial con la esposa e hija del coronel parecía transcurrir sin mayores sobresaltos, la realidad era bien distinta. El regreso definitivo de Etchegoyen a Uruguay tras su retiro del ejército marcó un punto de inflexión en la vida de Luna. La disciplina militar, llevada al extremo dentro del hogar, se transformó en una forma de control y opresión. El testimonio de Lourdes Etchegoyen, tía de la niña, dibuja un panorama desolador, describiendo un ambiente de constante maltrato psicológico, donde Luna era tratada como una "niña militar", sometida a las exigencias y rigores propios de un cuartel.

Las denuncias previas por intentos de asesinato, que llevaron a la intervención del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y a la imposición de una orden de restricción, evidencian la gravedad de la situación. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿por qué, a pesar de estas señales de alarma, Luna no recibió la protección que necesitaba? ¿Por qué se desestimó la solicitud de custodia por parte de su tía, optando por devolverla a un entorno que se había demostrado peligroso?

El trágico desenlace, ocurrido tras una cita en una clínica de fonoaudiología, pone de manifiesto la ineficacia de las medidas tomadas para proteger a la menor. El hecho de que Etchegoyen pudiera acceder a Luna, a pesar de la orden de restricción, evidencia una falla garrafal en el sistema de protección. La imagen de la niña esperando a su madrastra, desprevenida y vulnerable, contrasta con la brutalidad del acto cometido por su padre.

Este caso no puede quedar impune. La sociedad uruguaya exige respuestas y justicia para Luna. Es necesario revisar los protocolos de actuación ante casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, fortalecer las instituciones encargadas de la protección de menores y, sobre todo, escuchar las voces de las víctimas. La tragedia de Luna debe servir como un llamado de atención para que ninguna otra niña o niño sufra en silencio la violencia dentro de su propio hogar. La memoria de Luna debe ser un impulso para construir un futuro donde los derechos de la infancia sean una prioridad inquebrantable.