En un paso crucial hacia la mejora en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en la Ciudad de México, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Agencia Digital de Innovación Pública han unido fuerzas. Este esfuerzo conjunto, materializado en un convenio de colaboración, promete revolucionar la forma en que se abordan estos casos, brindando una luz de esperanza a las familias que buscan a sus seres queridos.

El corazón de este acuerdo reside en la creación de una plataforma unificada. Imaginen un espacio digital donde la información fluye sin obstáculos entre las instituciones involucradas. Datos cruciales sobre personas desaparecidas y fallecidas, perfiles biológicos, e incluso el contexto que rodea a cada caso, estarán disponibles para análisis y consulta permanente. Esta herramienta, sin precedentes en la capital, permitirá una coordinación sin igual y agilizará las investigaciones, incrementando las posibilidades de encontrar respuestas.

No se trata solo de tecnología, sino de empatía y compromiso con los derechos humanos. El Magistrado Presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, ha enfatizado la importancia de este convenio como un símbolo de la unión entre instituciones en la búsqueda de la verdad y la justicia. La transparencia y la responsabilidad son los pilares sobre los que se construye esta iniciativa, con la firme convicción de que el poder solo se justifica al servicio de la dignidad humana.

La Fiscal General, Bertha Alcalde Luján, ha destacado la alineación de este proyecto con la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. La creación de sistemas unificados de información, vinculados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, representa un paso fundamental para homogeneizar los datos y optimizar los esfuerzos de búsqueda a nivel nacional. La participación del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) del Poder Judicial, con su experticia en la materia, será crucial para el análisis de la información y la identificación de las personas fallecidas no reclamadas.

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) jugará un papel fundamental en este ecosistema digital. Su capacidad para almacenar, registrar y analizar la información permitirá la generación de vías de comunicación más eficientes entre las instituciones, optimizando el flujo de datos y eliminando las barreras burocráticas que a menudo obstaculizan las investigaciones.

Este convenio es mucho más que un acuerdo entre instituciones; es un compromiso con la sociedad. Es un paso firme hacia un futuro donde la búsqueda de personas desaparecidas se realice con la mayor eficiencia y transparencia, brindando apoyo y esperanza a quienes viven en la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos. Es una muestra de que, trabajando juntos, podemos construir una sociedad más justa y humana.