La crisis del transporte público en Costa Rica ha destapado una problemática compleja que va más allá de la simple rentabilidad empresarial. El anuncio de LaRed, empresa encargada de la ruta 16, de retirar su servicio en más de 107 comunidades, afecta directamente a una población vulnerable: 66 mil adultos mayores que dependen de este medio para acceder a servicios básicos y conectarse con el resto de la sociedad. Si bien la empresa alega desequilibrios financieros, argumentando que el pasaje gratuito de los adultos mayores agrava la situación, la realidad es mucho más profunda.

Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el papel del transporte público como un derecho fundamental, especialmente para aquellos sectores de la población con movilidad reducida y recursos limitados. ¿Es justo que el costo del beneficio social que representa el transporte gratuito para los adultos mayores recaiga exclusivamente en las empresas operadoras? Evidentemente, el modelo actual no parece sostenible, y la situación de LaRed es un claro ejemplo de ello. La falta de pasajeros que pagan tarifa completa, sumado a la creciente demanda por parte de los adultos mayores, genera un desbalance que pone en riesgo la continuidad del servicio, no solo para este grupo etario, sino para toda la comunidad.

La cifra de 18 millones de colones, equivalente a más de 669 mil pesos mexicanos, que representa el desequilibrio financiero de LaRed, es una llamada de atención a las autoridades. Es necesario repensar el modelo de financiación del transporte público, explorando alternativas que garanticen su viabilidad a largo plazo sin sacrificar la accesibilidad de los sectores más vulnerables. Subsidios estatales, revisión de tarifas, optimización de rutas y la integración de diferentes modalidades de transporte son algunas de las opciones que deben ser consideradas.

La situación de las comunidades rurales, particularmente afectadas por la suspensión del servicio, es aún más preocupante. En estas zonas, el transporte público suele ser la única opción de movilidad para los adultos mayores, quienes dependen de él para acceder a centros de salud, realizar compras o simplemente mantenerse conectados con sus familias y comunidades. La falta de alternativas de transporte los condena al aislamiento y la vulnerabilidad.

En las zonas urbanas, si bien el servicio se mantiene, el aumento en los tiempos de viaje debido a la reducción de unidades y el congestionamiento vial también representa un problema. Esto no solo afecta la calidad de vida de los usuarios, sino que también impacta en la productividad y la economía local.

La crisis de LaRed es un síntoma de un problema mayor que requiere soluciones integrales. No se trata simplemente de buscar un culpable, sino de construir un sistema de transporte público que sea sostenible, eficiente y, sobre todo, inclusivo, garantizando el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, especialmente de los adultos mayores, quienes han contribuido al desarrollo del país y merecen un trato digno y respetuoso. Es hora de que las autoridades, las empresas operadoras y la sociedad en su conjunto asuman la responsabilidad de encontrar soluciones a largo plazo que garanticen un transporte público accesible para todos. El futuro de la movilidad en Costa Rica depende de ello.