Un cambio palpable se respira en Chiapas. A escasos ocho meses de la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar a la gubernatura, el estado ha dado un giro de 180 grados en materia de seguridad. El panorama que se vivía en diciembre de 2024, al inicio de la administración, era francamente preocupante. La violencia se extendía como una mancha de aceite por gran parte del territorio chiapaneco. Delitos como el homicidio doloso, el robo de vehículos en carretera, la extorsión y el cobro de piso se encontraban en un preocupante ascenso, sembrando el temor y la incertidumbre entre la población.

En la sierra, la situación era aún más crítica. Grupos criminales ejercían un control férreo sobre comunidades enteras, impidiendo el libre tránsito de sus habitantes y sometiéndolos a constantes amenazas. Esta opresión tuvo consecuencias devastadoras en la vida cotidiana: centros de salud paralizados por más de dos años, escuelas abandonadas y clases suspendidas por más de un año. La población se encontraba atrapada en una espiral de violencia y privación.

Ante este desolador escenario, Eduardo Ramírez Aguilar, junto con su equipo de seguridad, no se amilanó. Desde el primer día de su mandato, se propuso la titánica tarea de recuperar el estado y devolverle la paz a sus ciudadanos. Y no se limitó a las palabras. Una inversión histórica de más de 2,000 millones de pesos en materia de seguridad fue el primer paso para materializar este compromiso.

Este importante desembolso se tradujo en acciones concretas: un reequipamiento total de la policía estatal, que incluyó nuevas patrullas, equipo táctico de última generación, drones y helicópteros. Además, se dignificó la labor de los cuerpos policiales con un incremento salarial del 40%, un reconocimiento a su crucial papel en el restablecimiento del orden. Como parte de esta estrategia, se creó la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, un grupo élite de respuesta inmediata, entrenado para actuar con precisión y eficacia ante situaciones de alto riesgo.

Pero la inversión en recursos materiales no fue suficiente. Se comprendía la importancia de la colaboración y la coordinación. Por ello, se estableció una estrecha vinculación con instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta sinergia entre las diferentes fuerzas de seguridad ha sido clave para alcanzar los resultados que hoy se observan.

Los frutos de este esfuerzo conjunto son evidentes. Chiapas ha dejado de ser sinónimo de violencia. La gobernabilidad se ha restablecido, el libre tránsito por las carreteras es una realidad, y las escuelas y centros de salud han vuelto a abrir sus puertas en zonas que antes se encontraban bajo el control del crimen. La vida está regresando a la normalidad en las comunidades, y la esperanza renace entre sus habitantes. El cambio es palpable, y aunque aún queda camino por recorrer, el rumbo trazado por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar promete un futuro más seguro y próspero para todos los chiapanecos.