La tragedia ocurrida en Baruta, Miranda, ha conmocionado a Venezuela entera. Una abuela, Johana Yáñez Sánchez, de 47 años, y su nieto, Johndeiker Sánchez, de tan solo 12, perdieron la vida de una forma tan repentina como impactante: electrocutados por un cable de alta tensión. Imaginen la escena: una mañana aparentemente normal en la calle Bolívar, la expectativa del camión que los llevaría de vuelta a casa en Ojo de Agua, y de pronto, el cable desprendido, la descarga eléctrica, el fuego… Un horror presenciado por decenas de personas impotentes ante la magnitud del desastre.

Es difícil siquiera procesar la brutalidad de la situación. La vida de dos personas, arrebatada en un instante por un fallo en la infraestructura eléctrica. Testigos del evento relatan la desesperación y la impotencia al ver cómo los cuerpos de Johana y Johndeiker eran consumidos por las llamas, sin poder intervenir por el peligro inminente. Este tipo de sucesos nos confronta con la fragilidad de la vida y la necesidad imperante de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Las autoridades de Baruta, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, han actuado con prontitud. Protección Civil y Bomberos controlaron el incendio, rescataron los restos de las víctimas e implementaron un corte de energía en la zona. La Dirección Nacional de Homicidios del CICPC ha tomado las riendas de la investigación, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades pertinentes. ¿Fue un simple fallo técnico? ¿Hubo negligencia por parte de alguna entidad? Estas son las preguntas que la sociedad venezolana exige que sean respondidas.

La conmoción generada por este caso ha trascendido las calles de Baruta y se ha extendido por todo el país, amplificada por las redes sociales. El debate es intenso y necesario. ¿Quién es responsable de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura eléctrica? ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir futuras tragedias? La exigencia de justicia para Johana y Johndeiker se entrelaza con la demanda de una mayor inversión en el sistema eléctrico y de una supervisión más rigurosa. Este trágico evento debe servir como un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en general para que se priorice la seguridad y el bienestar de todos los venezolanos. No podemos permitir que la falta de mantenimiento y la negligencia sigan cobrando vidas.

La investigación en curso será crucial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, el recuerdo de Johana y Johndeiker debe permanecer vivo, no solo como un símbolo de la tragedia, sino también como un impulso para la búsqueda de soluciones y la construcción de un futuro donde la seguridad de todos esté garantizada. El duelo que embarga a la comunidad de Ojo de Agua y al país entero nos recuerda la importancia de la solidaridad y la necesidad de unirnos para exigir un cambio. Esperamos que las autoridades mantengan la transparencia en el proceso y que la justicia prevalezca, brindando un mínimo consuelo a las familias afectadas y una respuesta a la sociedad que demanda seguridad y responsabilidad.