La reciente validación de la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial por parte de la Sala Superior del TEPJF ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico. La decisión, tomada por una ajustada mayoría de tres votos contra dos, confirma la entrega de constancias de mayoría a Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar, quienes asumirán la importante tarea de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Este nuevo tribunal, con la responsabilidad de velar por la disciplina judicial, se enfrenta desde su génesis a la controversia.

La discusión central gira en torno al supuesto uso de "acordeones" durante el proceso electoral. Mientras la magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, junto con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, argumentan la falta de pruebas contundentes que demuestren la utilización de estos materiales y su influencia en los resultados, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón sostienen la necesidad de anular la elección precisamente por la presunta irregularidad que representan estos documentos.

La magistrada Soto Fregoso ha sido enfática al señalar la ausencia de evidencias que vinculen directamente los "acordeones" con la jornada electoral. Incluso, ha cuestionado la fecha de impresión de dichos materiales, insinuando la posibilidad de que se hayan elaborado posteriormente, lo cual desvirtuaría su impacto en el proceso. Esta postura es respaldada por el magistrado De la Mata Pizaña, ponente del proyecto, quien tras un exhaustivo análisis de las pruebas, concluye que no se configura ni coacción al voto, ni la participación indebida de funcionarios o partidos políticos, ni financiamiento ilegal relacionado con el uso de las guías de votación.

Por otro lado, el magistrado Rodríguez Mondragón insiste en la anulación de la elección, argumentando la existencia de un procedimiento irregular destinado a influir en el voto. Este disenso pone de manifiesto la complejidad del caso y la importancia de una investigación exhaustiva que despeje cualquier duda sobre la legitimidad del proceso.

Más allá de la polémica específica sobre los "acordeones", la ratificación de los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la validez del proceso electoral en su conjunto añade otra capa de complejidad al asunto. La confirmación de la validez del cómputo de votos y la entrega de constancias de mayoría a los candidatos electos, tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como para el Tribunal de Disciplina Judicial, las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, plantea interrogantes sobre la coherencia entre la validación general del proceso y la controversia particular sobre la elección de los magistrados del TDJ.

En este contexto, la transparencia y la rigurosidad en el análisis de las pruebas resultan cruciales para garantizar la confianza en las instituciones y la legitimidad de los resultados. La sociedad demanda claridad y respuestas contundentes que permitan disipar las dudas y asegurar la imparcialidad del sistema judicial. El futuro del Tribunal de Disciplina Judicial y la credibilidad del Poder Judicial de la Federación dependen, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para esclarecer este controvertido episodio.