La incertidumbre que se cernía sobre el destino de Carlos y Cristóbal, los dos taxistas secuestrados el pasado viernes 22 de agosto en el Estado de México, finalmente se disipó la noche del martes. Tras días de angustia para sus familias y compañeros, ambos fueron liberados y presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Jilotepec. Su regreso, sin embargo, está envuelto en un halo de misterio y deja entrever la compleja realidad de inseguridad que se vive en la región.

La liberación no fue producto de un operativo policial exitoso, sino de una llamada intimidatoria recibida por la Fiscalía la noche del lunes. Un individuo, que se identificó como miembro de un grupo criminal, advirtió con tono amenazante: "Ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”. Esta revelación no solo confirma la participación del crimen organizado en el secuestro, sino que también expone la audacia con la que operan, desafiando abiertamente a las autoridades.

La FGJEM, en su comunicado, se limitó a informar sobre la liberación y el estado de salud de los taxistas, quienes presentaban lesiones menores y fueron atendidos por un médico legista. Sin embargo, la brevedad del informe deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás del secuestro? ¿Se pagó algún rescate? ¿Qué tipo de “intervención” realizó la Fiscalía en la “pinche zona” a la que se refiere el delincuente? La falta de transparencia alimenta las especulaciones y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar la justicia.

Este caso enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad del gremio de taxistas, quienes a diario se exponen a situaciones de riesgo en el ejercicio de su profesión. La falta de seguridad en las calles los convierte en blanco fácil para la delincuencia, que los somete a robos, extorsiones y, en casos extremos, como el de Carlos y Cristóbal, a secuestros.

Es imperativo que las autoridades implementen medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los taxistas y de la ciudadanía en general. No basta con reaccionar ante los hechos consumados; se necesita una estrategia integral que combata las causas de la inseguridad y desarticule las redes criminales que operan con impunidad. La llamada recibida por la Fiscalía es una muestra clara del poder que ejercen estos grupos y de la necesidad de enfrentarlos con firmeza y decisión. El caso de Carlos y Cristóbal no debe quedar impune; es una oportunidad para exigir justicia y un cambio real en las políticas de seguridad. La sociedad merece vivir en paz y tranquilidad, sin el temor constante de ser víctima de la delincuencia.