Un aire de solemnidad, casi de despedida, envolvió el último informe de gestión de Norma Piña Hernández al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus palabras resonaron con la fuerza de quien ha navegado en aguas turbulentas, enfrentando "adversidades sin precedentes" y capeando el temporal de "calumnias, desinformación y agresión". No esquivó la mirada al conflicto, sino que la encaró con la firmeza de quien se sabe guardiana de la Constitución. Y en lugar de responder con la misma moneda, con el ruido estridente de la confrontación, optó por el lenguaje sereno y contundente de las sentencias, el poder silencioso de la razón y el puente del diálogo.

Su mensaje trascendió la mera rendición de cuentas. Se convirtió en una declaración de principios, en un recordatorio de la deuda que aún existe con el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la ley fundamental. Un llamado a la unidad, a trabajar "hombro con hombro" para construir un país cuyo rumbo no dependa de los vaivenes del aplauso o el agravio, sino de la solidez de un proyecto nacional cimentado en la Constitución. El final de una etapa, sí, pero no el fin de la misión. La justicia, esa necesidad imperante que debe ser atendida con sensibilidad y un profundo compromiso social, continúa su marcha.

Las ausencias de algunos ministros, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como de magistrados electorales, dejaron un vacío palpable en el acto. En contraste, la presencia de figuras como Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar, ministros en retiro, junto con Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López Benítez, consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña Hernández, dibujó un escenario cargado de simbolismo, un testimonio del legado y la continuidad en la búsqueda de la justicia.

La voz de Loretta Ortiz, presidenta de la Primera Sala, se alzó para destacar la trascendencia de las sentencias emitidas por este órgano colegiado. No se limitaron a resolver casos individuales, sino que acompañaron luchas históricas y establecieron estándares que iluminarán el camino de la justicia mexicana. Un camino en constante evolución, adaptándose a las cambiantes realidades, con la responsabilidad de fluctuar y transformarse para mantenerse a la altura de los tiempos. Con un ritmo de trabajo intenso, resolvieron 931 asuntos en 20 sesiones durante 2025, un promedio de más de 46 casos estudiados y debatidos en cada encuentro. La justicia constitucional, en manos de una nueva integración, hereda conquistas históricas, pero también desafíos profundos que demandan creatividad, pluralismo y un compromiso inquebrantable.

La urgencia de una justicia pronta y accesible resonó en sus palabras. Los formalismos innecesarios y la complejidad procesal se erigen como obstáculos que retrasan la impartición de justicia, una demora que, en sí misma, se convierte en una negación de la misma. Ortiz lanzó una advertencia: no podemos esperar a que la historia nos juzgue, pues la historia se escribe con cada decisión que tomamos "aquí y ahora".

Javier Laynez, al presentar el informe de la Segunda Sala, desgranó las cifras que reflejan la intensa labor de este órgano colegiado. De los 767 casos que tuvieron que resolver (200 iniciales más 567 ingresados), analizaron 720, lo que representa un 93.87 por ciento. Un dato revelador: de los 47 asuntos pendientes que regresaron a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN, 36 correspondían a Lenia Batres Guadarrama.

El informe de Norma Piña Hernández no fue una simple enumeración de logros, sino un testimonio de la resistencia y la perseverancia del Poder Judicial frente a las presiones. Un llamado a la responsabilidad, a la unidad y a la búsqueda constante de una justicia más accesible, pronta y comprometida con las necesidades del país.