La justicia para adolescentes se encuentra en una encrucijada crucial: ¿castigar o rehabilitar? El juez Cristóbal Urrutia Fernández, del Poder Judicial de la Ciudad de México, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de trascender la simple sanción y abrazar un enfoque más holístico, centrado en la restauración biopsicosocial del joven. En lugar de enfocarnos únicamente en la lógica punitiva, debemos comprender las complejas circunstancias que llevan a un adolescente a entrar en conflicto con la ley.

Urrutia Fernández argumenta que la delincuencia juvenil no surge de la nada, sino que es el resultado de una intrincada red de factores biológicos, psicológicos y sociales. Pensar que un adolescente delinque simplemente porque "quiere" hacerlo es una simplificación peligrosa, una visión "adultocéntrica" que ignora las vulnerabilidades y las influencias que moldean sus acciones. Desde la genética hasta el entorno familiar, pasando por la presión social y las carencias educativas, multitud de elementos pueden contribuir a que un joven tome un camino equivocado.

La clave, según el juez, radica en comprender la historia de vida del adolescente. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué experiencias han marcado su desarrollo? ¿Qué influencias, positivas o negativas, han moldeado su personalidad? Para responder a estas preguntas, es fundamental investigar a fondo el contexto biopsicosocial del joven. No basta con determinar su responsabilidad jurídica; es imperativo conocer al individuo en su totalidad, entender sus motivaciones, sus miedos, sus aspiraciones.

Este enfoque, enraizado en el principio del interés superior del adolescente, nos obliga a buscar la mejor solución para su futuro, priorizando su rehabilitación y su reinserción social. Si bien la legislación contempla sanciones, tanto en internamiento como en externación, estas deben ser consideradas como un último recurso, no como el objetivo principal del sistema. La verdadera meta es restaurar al adolescente en todas sus dimensiones: física, mental y socialmente.

El juez Urrutia Fernández nos recuerda la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es signatario, y que establece la obligación de proteger a los menores y garantizar su bienestar. Este compromiso implica ir más allá de la simple aplicación de la ley, implica comprender al adolescente como un individuo en desarrollo, con potencial para cambiar y reintegrarse a la sociedad como un miembro productivo.

Imaginemos un sistema de justicia juvenil que, en lugar de estigmatizar y castigar, se centra en la comprensión, la educación y la rehabilitación. Un sistema que brinda a los jóvenes las herramientas necesarias para superar sus dificultades, aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Este es el desafío que nos plantea el juez Urrutia Fernández: transcender la lógica de la sanción y abrazar la esperanza de la restauración. Un desafío que exige empatía, comprensión y un compromiso genuino con el bienestar de nuestros jóvenes.