La trama de corrupción tejida alrededor del desaparecido Insabi y el IMSS Bienestar continúa revelando sus hilos oscuros. Juan Antonio Ferrer y Alejandro Calderón Alipi, figuras centrales en la administración de estos organismos durante la 4T, son señalados como los artífices de un desfalco millonario que ha dejado al sistema de salud en una situación precaria. Se les acusa de desviar fondos hacia Andy López Beltrán, favoreciendo un desabasto de medicamentos sin precedentes. Mientras tanto, la deuda con los proveedores se acumula, superando los 15 mil millones de pesos, y la desconfianza en el sistema licitatorio, organizado por Eduardo Clark desde la Subsecretaría de Salud, ha provocado la reticencia de los laboratorios mexicanos a participar en futuras convocatorias. El transporte especializado de medicamentos también se niega a colaborar con el IMSS Bienestar, no solo por la falta de pagos, sino también por las demoras excesivas en la recepción de los cargamentos, llegando a esperar hasta 72 horas. Este panorama desalentador anticipa la posible implementación de cuotas ilegales para agilizar los procesos, poniendo en riesgo la integridad de las empresas transportistas y la dignidad de sus trabajadores. En el centro de esta crisis, que afecta directamente la gestión de Claudia Sheinbaum, se encuentran Ferrer y Calderón Alipi, quienes han socavado los esfuerzos de la Presidenta y del secretario de Salud, David Kershenobich, por garantizar el acceso a la salud para todos los mexicanos.

La adquisición de Marzam por parte del Grupo Omni, propiedad del costarricense Moisés Chaves, se encuentra en un punto crítico. A pesar del progreso en la reestructuración financiera, con la participación de Santander, liderado por Felipe García Asencio, y HSBC, bajo la dirección de Jorge Arce, la operación se enfrenta a un obstáculo legal. Una orden judicial emitida por el Juez 54 Civil de la CDMX, a petición del fondo Nueva Tierra Finance BV, prohíbe cualquier alteración del capital social o cambio de control en Marzam. Esta medida no solo complica la transacción con Omni, sino que también podría implicar un desacato por parte de la distribuidora de medicamentos y de Gibart, filial de Genomma Lab, cuyo accionista mayoritario, Rodrigo Herrera, posee el 40% de las acciones. Este escenario añade un nuevo nivel de complejidad a una operación ya de por sí delicada, y pone en duda la viabilidad de la compra por parte del Grupo Omni.

Un amparo presentado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Naucalpan, Estado de México, abrirá un debate crucial sobre la soberanía del agua en México. La Constitución Federal establece que las aguas pertenecen a la Nación, sin embargo, desde la década de los 90, empresas embotelladoras, como Niágara Bottling, dirigida por Jaime Costa Solana, han acaparado este recurso vital, vendiéndolo a precios elevados e incluso exportándolo. La inacción de la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Efraín Morales, contrasta con el objetivo del Plan Nacional Hídrico de recuperar la soberanía hídrica del país. La justificación del gobierno se centra en la complejidad del tema, argumentando que los permisos otorgados a las empresas privadas les confieren derechos de propiedad sobre el agua, una postura que fomenta el acaparamiento y beneficia a una industria multimillonaria a costa de las comunidades que carecen de acceso al agua potable. La resolución de este amparo sentará un precedente fundamental para el futuro del recurso hídrico en México.

El nuevo T-MEC presiona a México para que nivele las condiciones de inversión extranjera en Pemex, liderado por Víctor Rodríguez Padilla, y en la CFE, bajo la dirección de Emilia Calleja Alor. Esta es una de las principales exigencias de Donald Trump, quien ha condicionado el inicio de las negociaciones a la eliminación de las barreras no arancelarias impuestas por México. El gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta al reto de manejar las "condiciones" impuestas por la administración estadounidense, incluyendo las supuestas violaciones al tratado señaladas por la Oficina de Representación Comercial, dirigida por Jamieson Greer. Este escenario plantea un desafío significativo para la política económica del país y su relación con Estados Unidos.

Finalmente, el abogado Alonso Aguilar Zinser ha desmentido su participación en la demanda de CI Banco contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Afirma no haber tenido conocimiento de la demanda hasta su publicación en medios de comunicación, y niega haber recomendado al despacho Quinn Emmanuel y a Juan Pablo Morillo para su representación. Tanto Quinn Emmanuel como Morillo han corroborado esta versión, desmintiendo la información previamente publicada. Esta aclaración pone fin a las especulaciones sobre la participación de Aguilar Zinser en el caso.