La justicia, ese pilar fundamental de la convivencia humana, ha transitado un largo camino desde la imposición de la fuerza bruta hasta la compleja arquitectura jurídica que hoy conocemos. Un sistema que, en su ideal, busca el equilibrio, otorgando a cada individuo lo que le corresponde y resolviendo las disputas con la imparcialidad de la ley. Su evolución representa un triunfo de la razón y la equidad sobre la arbitrariedad, un logro que ha permitido el desarrollo y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, este delicado equilibrio se ve constantemente amenazado, y hoy más que nunca, debemos reflexionar sobre su fragilidad.

La esencia de un sistema judicial eficaz reside en la legitimidad de sus leyes y la credibilidad de sus instituciones. Las leyes deben ser el reflejo de la voluntad popular, no la imposición de una ideología particular. Deben ser concebidas a través de un proceso plural y representativo, que garantice la inclusión de todas las voces y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Solo así se logra la confianza pública, esa convicción de que las normas son justas y funcionales, indispensable para la paz social.

El aparato de justicia, encargado de aplicar estas leyes, debe operar con la rigurosidad de la lógica jurídica, buscando la verdad tras cada controversia y asegurando que cada individuo reciba lo que le corresponde. La imparcialidad y la independencia judicial son, por tanto, elementos cruciales. La politización de la justicia, la subordinación de la lógica jurídica a intereses políticos, representa una grave amenaza a este equilibrio, pues desvirtúa su propósito fundamental: la búsqueda de la justicia. Cuando la balanza se inclina hacia la conveniencia política, la confianza se erosiona y el sistema pierde su legitimidad.

La jurisprudencia, ese conjunto de interpretaciones legales que guían la aplicación de las normas, juega un papel esencial en la estabilidad del sistema. La evolución gradual de la jurisprudencia, producto del debate y la reflexión jurídica a lo largo del tiempo, permite la adaptación del derecho a las cambiantes realidades sociales, manteniendo la coherencia y la previsibilidad del sistema. Los cambios abruptos, motivados por ideologías o intereses particulares, generan incertidumbre y debilitan la seguridad jurídica.

La reciente reforma judicial, con sus mecanismos electorales para la designación de jueces y magistrados, abre la puerta a la politización del sistema y plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia en nuestro país. La promesa de una justicia social que priorice a los más desfavorecidos, si bien loable en su intención, no puede justificar la desviación de los principios fundamentales del derecho. La justicia no puede ser selectiva ni estar al servicio de una ideología particular, sino que debe ser igual para todos, basada en la aplicación imparcial de la ley y el respeto a los derechos humanos.

El camino hacia una justicia verdaderamente equitativa y accesible para todos es largo y complejo. Requiere un compromiso firme con la independencia judicial, la transparencia en los procesos y la participación ciudadana en la construcción de un sistema justo y eficaz. La justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debemos proteger y fortalecer. El futuro de nuestra sociedad depende de ello.

Por Miguel A. Rosillo

Abogado y Profesor de Derecho

@ROSILLO22