La angustia se palpa en el aire de Araró, Zinapécuaro, Michoacán. Ocho días. Ocho días desde que José García Hernández, un jornalero de 33 años, esposo y padre de dos pequeños, uno de ellos recién nacido, fue arrancado de su lugar de trabajo por un grupo armado. Ocho días que se han convertido en una eternidad para su familia, amigos y compañeros, quienes han transformado su desesperación en acción, bloqueando la caseta de Zinapécuaro en la Autopista de Occidente. Su clamor resuena: ¿Dónde está José?

No se trata de un simple bloqueo, es un grito desesperado que busca romper la sordera de las autoridades. “Queremos que el gobierno nos escuche, que valore nuestra voz como ciudadanos”, explica uno de los amigos de José con la voz quebrada por la impotencia. Hasta ahora, la respuesta oficial se ha limitado a preguntas, entrevistas y trámites burocráticos. Denuncias que se acumulan en los escritorios, mientras la angustia de una familia se agudiza con cada hora que pasa. Las palabras se agotan, la paciencia se desvanece y la esperanza comienza a flaquear.

José, un hombre trabajador, dedicado a su familia, dividía su tiempo entre el rancho donde cuidaba animales y su pequeña barbería, un ingreso extra para sostener a sus hijos. “Apenas hace unas semanas nació su segundo hijo”, lamenta un manifestante, pintando con sus palabras el desgarrador escenario que enfrenta la joven familia. Un bebé que apenas comienza a descubrir el mundo, un hermano mayor que pregunta por su padre, una esposa que se aferra a la esperanza mientras lucha contra la incertidumbre. Un futuro incierto, teñido por la ausencia forzada.

El relato de los hechos estremece. Un día normal de trabajo, la tranquilidad de Araró interrumpida por la irrupción violenta de un grupo desconocido. José, la única persona presente en ese momento, fue sacado a la fuerza de su vehículo y se lo llevaron. Un acto que ha sembrado el terror en esta comunidad, donde la violencia de este calibre era desconocida. "Nunca antes habíamos vivido algo así", asegura un compañero de José, con la mirada perdida en el horizonte, como buscando respuestas en la inmensidad del paisaje.

La indignación crece ante la inacción de las autoridades. No solo no hay avances en la investigación, sino que el proceso de denuncia se ha convertido en una nueva forma de victimización. Ante la falta de respuestas, los manifestantes advierten: si el gobierno estatal continúa ignorándolos, llevarán su protesta a la Ciudad de México. Buscarán la intervención del gobierno federal, con la esperanza de que alguien, en algún nivel de poder, escuche su clamor y les ayude a encontrar a José.

La exigencia es clara: una investigación exhaustiva, presencia permanente de autoridades competentes que garanticen la seguridad en la zona y, sobre todo, la búsqueda incansable de José. “Queremos seguridad, que vengan, que se queden si es posible”, suplican los compañeros de José. “Pero más que nada, que nos ayuden a buscarlo, que es lo que realmente nos importa”.

Tras la llegada de la Guardia Civil, el bloqueo se levanta momentáneamente, permitiendo el avance de la kilométrica fila de vehículos que se ha formado. Una tregua temporal, un respiro en la tensión, pero con una advertencia implícita: si no hay respuesta, si no hay acciones concretas, la carretera volverá a cerrarse. La lucha por José continuará hasta que regrese a casa. La comunidad de Araró no se rendirá.