La democracia mexicana se encuentra en un momento crítico. Dos decisiones recientes, tomadas por el INE y la Sala Superior del TEPJF, han sembrado la duda sobre la imparcialidad de estas instituciones, pilares fundamentales para la alternancia en el poder y garantes, durante décadas, de la limpieza del proceso electoral. Estos fallos, lejos de aclarar las controversias, han profundizado la preocupación ciudadana sobre el futuro de la democracia en nuestro país.

El caso del video de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo es un ejemplo paradigmático de esta preocupante tendencia. A pesar de la evidencia visual y del reconocimiento público del propio presidente de que se trataba de una "aportación al movimiento", el INE ha decidido no sancionar este acto, argumentando la falta de "registro contable, depósito bancario y comprobación fiscal". Esta justificación resulta no solo insuficiente, sino francamente absurda. Precisamente la ausencia de estos elementos es lo que convierte la aportación en ilegal. Se está utilizando la falta de pruebas de la ilegalidad, derivada de la propia naturaleza opaca de la transacción, como argumento para exonerar la acción. Es como si un ladrón, al no dejar huellas dactilares, quedara libre de culpa. Además, la incapacidad del INE para obtener la declaración del presidente, alegando desconocimiento de su domicilio, resulta inverosímil, considerando que ha ocupado residencias oficiales ampliamente conocidas durante años. Esta ineficacia selectiva contrasta notablemente con la diligencia mostrada por la institución al notificar a ciudadanos y periodistas por casos de violencia política.

La validación de la elección de los ministros de la Suprema Corte, a pesar de las evidencias de irregularidades, es otro ejemplo alarmante. El informe presentado por José Ramón Cossío y Jorge Medellín, que demuestra la improbable repetición de los mismos nueve candidatos ganadores en miles de casillas, debería haber sido suficiente para, al menos, iniciar una investigación a fondo. La probabilidad estadística de este resultado es ínfima, comparable a que millones de personas acierten la misma combinación en la lotería. Sin embargo, los magistrados electorales lo consideran "normal". Esta normalización de lo anómalo es profundamente preocupante y sienta un precedente peligroso para futuras elecciones.

La consejera Dania Ravel, en su intervención durante la sesión de validación, advirtió que aceptar este proceso implicaba asumir que se puede violar la ley sin consecuencias. Sus palabras resuenan con fuerza ante la pasividad de las instituciones electorales. La falta de consecuencias ante irregularidades tan evidentes no solo erosiona la confianza ciudadana en el sistema, sino que allana el camino para futuros abusos y manipulaciones electorales. El panorama para las elecciones de 2027 y 2030 se presenta, por lo tanto, incierto y preocupante. La democracia mexicana necesita, con urgencia, instituciones electorales fuertes e imparciales que garanticen la transparencia y la legalidad de los procesos. De lo contrario, el futuro de la democracia en nuestro país se encuentra en grave peligro. La ciudadanía debe exigir rendición de cuentas y transparencia, y no permitir que la impunidad se convierta en la norma. El silencio y la pasividad son cómplices de la degradación democrática.