La despenalización del aborto, lejos de ser una conquista para los derechos de la mujer, podría significar un retroceso en su protección y una perpetuación de los ciclos de violencia y abuso que muchas enfrentan. Esta es la contundente afirmación de Paulina Hernández Torruco, abogada y vocera de la plataforma UNNA (Una vida, Una Infancia, Una Protección), en una reveladora entrevista para El Heraldo Televisión.

Hernández Torruco argumenta que la tipificación del aborto como delito no busca criminalizar a la mujer, sino proteger su integridad física y la vida que gesta. Eliminar esta figura legal, según la abogada, equivaldría a “remover una cerradura que nos protege”, dejándolas expuestas a presiones y violencias que a menudo rodean la decisión de interrumpir un embarazo.

Un punto crucial de su argumentación se centra en la violencia que, según Hernández Torruco, subyace a muchos casos de aborto. Lejos de ser una decisión libre y autónoma, la interrupción del embarazo a menudo viene precedida de violencia intrafamiliar, abuso sexual, e incluso trata de personas y feminicidio. La denuncia del delito de aborto, en estos casos, permite visibilizar estas situaciones de violencia y llevar a los agresores ante la justicia. De hecho, la abogada destaca que, gracias a la legislación actual, son más los hombres que las mujeres encarcelados por delitos relacionados con el aborto, principalmente por aborto forzado. Esto desmonta, en su opinión, el mito de que la criminalización del aborto perjudica principalmente a las mujeres. Al contrario, argumenta, les ofrece una herramienta para protegerse de sus agresores, ya sean hombres o, en algunos casos, incluso otras mujeres.

Hernández Torruco también se refiere a las consecuencias psicológicas del aborto, señalando que, si bien no todas las mujeres desarrollan un síndrome postaborto, una gran mayoría experimenta síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, así como sentimientos de culpa y tristeza.

La vocera de UNNA hace hincapié en que las leyes protegen a las mujeres en casos de aborto culposo, es decir, cuando la pérdida del embarazo no es intencional. Asimismo, señala que la legislación contempla excepciones en casos de violación, aunque las condiciones varían según el estado y las circunstancias socioeconómicas y educativas de la mujer.

En relación con la reforma del Poder Judicial, Hernández Torruco expresa su deseo de que los cambios impliquen una mayor escucha a las necesidades de la población. Espera que la elección de jueces y ministros fortalezca la democracia y evite que las decisiones recaigan únicamente en un pequeño grupo.

Finalmente, la abogada reitera su convicción de que el delito de aborto está intrínsecamente ligado a la violencia, la opresión y la muerte. Cita el caso del estado de Guanajuato, donde la despenalización del aborto fue rechazada tras un análisis de las implicaciones que tendría en términos de violencia, abuso y feminicidio. La decisión, tomada por mayoría democrática en el congreso local, refleja, según Hernández Torruco, una creciente conciencia sobre la complejidad de este tema y la necesidad de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia.