La doble tragedia que ha sacudido a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el homicidio de dos de sus colaboradores, abre una caja de Pandora de interrogantes. La sed de información por parte de la prensa y la ciudadanía es comprensible, todos queremos saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y, sobre todo, por qué. Sin embargo, este anhelo legítimo de conocer la verdad choca con la necesidad imperiosa de preservar el sigilo de la investigación. No se trata de ocultar información deliberadamente, sino de proteger el proceso mismo de la justicia.

Imaginemos un rompecabezas complejo: cada pieza de información es crucial para completar la imagen. Divulgar prematuramente detalles de la investigación, como posibles líneas de indagación, nombres de sospechosos o la naturaleza de las pruebas, equivale a entregar parte del rompecabezas al adversario. Esto puede entorpecer la labor de los investigadores, alertar a los responsables y, en el peor de los casos, permitirles escapar o manipular evidencias.

El sigilo, en este sentido, actúa como un escudo protector. Resguarda la integridad de la investigación, previniendo la contaminación de las pruebas y asegurando que el proceso judicial pueda avanzar con la objetividad y la imparcialidad necesarias. Además, protege a las víctimas y a sus familias de una mayor exposición mediática en un momento de extrema vulnerabilidad. Recordemos que la justicia no solo busca castigar a los culpables, sino también reparar el daño a las víctimas, y esto incluye proteger su privacidad y su dignidad.

La filtración de información, lamentablemente frecuente en casos de alta repercusión mediática, puede tener consecuencias devastadoras. Una foto filtrada, un testimonio distorsionado o una especulación sin fundamento pueden desviar el curso de la investigación, sembrar la confusión en la opinión pública y, en última instancia, poner en riesgo la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia.

El caso de las víctimas y su derecho a la información es un punto crucial. Si bien el sigilo es fundamental, no puede ser un obstáculo para que las víctimas accedan a la información relevante sobre el proceso. Debe existir un equilibrio delicado entre la protección de la investigación y el derecho de las víctimas a conocer la verdad y participar activamente en el proceso. Para ello, es necesario que las autoridades establezcan canales de comunicación claros y transparentes con las víctimas, brindándoles la información que necesitan sin comprometer la integridad de la investigación.

La presión mediática es innegable, pero no puede justificar la violación del sigilo. Es responsabilidad de las autoridades, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, proteger la integridad del proceso judicial. La búsqueda de la justicia requiere paciencia, rigor y, sobre todo, respeto por los principios que la sustentan. Un desliz, una filtración, una declaración imprudente pueden echar por tierra meses de trabajo y dejar a las víctimas sin la justicia que merecen. En el caso del lamentable homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, la prudencia y el respeto al debido proceso son más importantes que nunca. La verdad, por dolorosa que sea, solo puede construirse sobre bases sólidas, y el sigilo es una de ellas.