La paradisiaca tranquilidad de Las Playitas, en Todos Santos, Baja California Sur, se ha visto empañada por una sombra de cemento y controversia. Un escenario natural de dunas costeras, protegido por la legislación ambiental y forestal, ha sido el blanco de una construcción ilegal que ha levantado ampollas entre la comunidad y puesto en el ojo del huracán a un supuesto defensor del medio ambiente. La ironía es palpable: John Joseph Moreno Rutowski, figura conocida por su activismo ecológico, ahora enfrenta acusaciones por el daño infligido a este frágil ecosistema.

Moreno Rutowski, apoderado de la empresa "PV y Asociados S. de R.L. de C.V.", se encuentra detrás del proyecto "Bohemian Beach", un complejo de al menos 31 cabañas erigidas directamente sobre la zona de dunas. La construcción, que ha arrasado con aproximadamente 13,000 metros cuadrados de vegetación nativa, se ha llevado a cabo sin las autorizaciones pertinentes. Tanto la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat, como la autorización de Cambio de Uso de Suelo Forestal de la Conafor, brillan por su ausencia. Un acto que contradice flagrantemente los artículos 28 fracciones VI y IX de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el artículo 5 fracciones O y Q de su Reglamento, y los artículos 68 fracción I, 93, y 155 fracción VII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La comunidad local observa con indignación cómo el mismo individuo que durante años se erigió como guardián de la naturaleza, ahora es señalado como responsable de su destrucción. La mortandad de especies nativas, consecuencia directa del desmonte, es un duro golpe para la biodiversidad de la región. La situación se agrava al considerar que la construcción se encuentra dentro de una zona de anidación de tortuga marina, una especie protegida y vital para el equilibrio del ecosistema.

El supuesto activismo de Moreno Rutowski se desmorona ante la evidencia de la construcción ilegal. ¿Cómo es posible que quien se presentaba como defensor del entorno natural, haya ignorado las leyes y regulaciones ambientales que protegen precisamente ese entorno? ¿Se escudó en su imagen de activista para eludir las responsabilidades que cualquier desarrollador debe asumir? Estas son las preguntas que resuenan en Las Playitas y que exigen una respuesta.

Las autoridades federales, tanto en Baja California Sur como en la Ciudad de México, ya han recibido una denuncia formal. La investigación en curso determinará la magnitud del daño ambiental y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la comunidad espera que se haga justicia y que este caso sirva como precedente para que la protección del medio ambiente no sea una simple bandera, sino una práctica real y constante. El futuro de Las Playitas, y de otros ecosistemas vulnerables, depende de la aplicación rigurosa de la ley y del compromiso genuino de todos, incluyendo a aquellos que se autoproclaman defensores de la naturaleza.