La historia de Fernanda Sulub Hau, una joven estudiante de 19 años, ha destapado una cloaca de silencio y complicidad en Yucatán. Su valiente denuncia contra Luis Alberto Echeverría Navarro, director del Centro de Estudios Superiores de la CTM, por acoso y abuso de poder, ha resonado como un trueno en la aparente calma del panorama político yucateco. Lo que parecía un caso aislado se ha transformado en una avalancha de testimonios, un coro de voces que durante años fueron silenciadas por el miedo y la impunidad. Imaginen el peso de ese silencio, la carga de llevar a cuestas una verdad incómoda, sabiendo que el poder del presunto agresor, amparado por la CTM y el PRI, parecía inexpugnable. Echeverría Navarro, confiado en su blindaje político, se jacta de su intocabilidad, repitiendo a sus allegados que "a él nadie lo toca". ¿Será que las nuevas denuncias, el clamor popular y la presión mediática lograrán por fin resquebrajar esa armadura de impunidad que lo ha protegido durante décadas?

La Secretaría de las Mujeres de Yucatán ha ofrecido acompañamiento a las víctimas, un gesto importante pero que no basta. La sociedad yucateca exige justicia, las calles se llenan de estudiantes que claman por un cambio, por un futuro donde el poder no sea sinónimo de impunidad. Y mientras la indignación crece, un silencio ensordecedor se cierne sobre la figura de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El mismo que presume de no ser "igual a nadie" guarda un silencio cómplice ante las acusaciones contra un miembro de su partido. ¿Será que la defensa de los derechos de las mujeres no forma parte de su discurso de renovación política? ¿O acaso el peso de las viejas estructuras de poder le impide condenar con firmeza estos actos?

Pero la historia de Fernanda no es la única que clama justicia en Yucatán. A cientos de kilómetros de Mérida, en el tranquilo municipio de Tzucacab, la muerte de un joven de 24 años bajo custodia policial ha desatado la furia contenida de una comunidad hastiada de la injusticia. Detenido por una falta administrativa, Ángel apareció muerto en su celda al día siguiente. La versión oficial habla de suicidio, una palabra fría que no convence a nadie. La familia, destrozada por el dolor, exige respuestas. La comunidad, indignada por la falta de transparencia, ha tomado las calles. La protesta, cargada de dolor y rabia, terminó con el incendio del Palacio Municipal, un símbolo del poder que ha fallado en proteger a sus ciudadanos.

Ante el caos, el alcalde Erick Fernando Ku Caamal, del PVEM, optó por la huida. Abandonó su puesto, dejando a su pueblo sumido en la incertidumbre y la desesperación. Ni él ni el secretario general del PVEM en Yucatán, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, han pronunciado una sola palabra. Un silencio que se suma a la larga lista de silencios cómplices que han permitido que la injusticia se arraigue en el corazón de Yucatán. ¿Quién responderá por la muerte de Ángel? ¿Quién escuchará el clamor de un pueblo que exige justicia? ¿Hasta cuándo la impunidad seguirá reinando en Tzucacab?

Dos historias, dos caras de una misma moneda: la impunidad. Dos casos que nos obligan a reflexionar sobre el papel del poder, la importancia de la justicia y la necesidad de romper el silencio que protege a los abusadores. En Yucatán, la tierra del faisán y del venado, la lucha por la justicia apenas comienza.