Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha vuelto a rendir pleitesía a Donald Trump en el Despacho Oval. La entrega del trofeo de la Copa del Mundo al ex-presidente, con la frase “Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, lo puede tocar”, ha generado controversia y alimenta las especulaciones sobre la influencia de Trump en el mundo del fútbol. Este gesto, sumado a la designación de Estados Unidos como sede del próximo Mundial, reafirma la compleja relación entre la política y el deporte a nivel internacional.

Mientras tanto, en México, la organización del Mundial 2026 avanza a un ritmo preocupante. La Ciudad de México, epicentro de la inauguración y el partido inicial, enfrenta importantes retos en materia de infraestructura, seguridad y logística. A pesar de la creación de un fideicomiso de cuatro mil millones de pesos, la capital mexicana parece ir a contrareloj para garantizar una experiencia óptima a los 5.5 millones de visitantes esperados. La creciente gentrificación y las manifestaciones xenófobas contra extranjeros añaden otra capa de complejidad al desafío. Rosa Icela Rodríguez, al frente de la Mesa Política para la organización del evento, tiene la ardua tarea de coordinar los esfuerzos entre el gobierno federal, la jefatura de gobierno y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, sedes también de importantes partidos.

La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el evento. La FIFA, liderada por Infantino, aún no ha firmado las garantías comerciales, fiscales, laborales y de seguridad con el gobierno mexicano. La doble tributación que exige el SAT es un punto de fricción, y se espera que las negociaciones lleguen a buen puerto en septiembre. Otro tema delicado es el acceso de la población mexicana a los partidos. Con paquetes que alcanzan los 15 mil dólares, se teme que la mayoría de los mexicanos queden excluidos del evento, generando un caldo de cultivo para el descontento social y alimentando el discurso de clasismo y discriminación.

En el ámbito financiero, CI Banco ha retirado la demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de "lavar" dinero para los cárteles de la droga. La demanda, asesorada por el abogado Alonso Aguilar Zinser y llevada a cabo por el litigante Juan P. Morillo, se basaba en la presunta ilegalidad de las órdenes emitidas por el gobierno de Donald Trump. El retiro de la demanda abre interrogantes sobre las negociaciones entre el banco mexicano y las autoridades estadounidenses.

Por otro lado, México se enfrenta a una posible derrota en el CIADI en el arbitraje contra Vulcan Materials por la expropiación de su cantera en Playa del Carmen. Claudia Sheinbaum ha anunciado la búsqueda de un plan alternativo para evitar una condena millonaria, herencia del conflicto entre Marcelo Ebrard y María Luisa Albores, exacerbado por la postura de la gobernadora Mara Lezama. La disputa pone de manifiesto la tensión entre la inversión extranjera y las políticas ambientales del gobierno.

En el ámbito judicial, la sentencia condenatoria contra Ermilo Castilla Roche por fraude específico ha generado polémica. La defensa alega una "grave injusticia" y la omisión de pruebas clave. El caso, que involucra una disputa familiar por terrenos en Holbox, ha captado la atención pública por la relevancia económica de los bienes en disputa.

Finalmente, Ángel Cabrera Mendoza asumirá la presidencia de la CNBV, reemplazando a Jesús de la Fuente. Este cambio, junto con la reciente sustitución de Pablo Gómez por Omar Reyes en la UIF, responde a las presiones de Estados Unidos por una mayor cooperación en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo. La designación de Cabrera, un perfil poco conocido, genera expectativas sobre la nueva estrategia del gobierno mexicano en este frente.