La sombra de la duda se cernía sobre la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, un organismo crucial para la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. La denuncia presentada por Verónica Patricia Gómez Schulz, candidata no electa, resonó como un eco inquietante, cuestionando la transparencia y legitimidad de un proceso que debería ser un ejemplo de probidad. Sus acusaciones, cargadas de preocupación, apuntaban a la presunta distribución de "acordeones", guías impresas que, según su testimonio, funcionarios públicos y el partido Morena utilizaron para influir en el voto de los electores, coaccionando su libre albedrío y manchando la pureza del sufragio.

La imagen de estos "acordeones", circulando de mano en mano, se convirtió en el símbolo de la controversia. Gómez Schulz no solo denunció esta práctica, sino también el supuesto uso indebido de recursos públicos y una campaña en redes sociales que, según ella, favoreció a los 394 candidatos, incluyendo a los finalmente electos. La falta de reglas claras, errores en el conteo de votos y la exclusión de sectores importantes de la población, como los presos y los mexicanos en el extranjero, completaron el cuadro de irregularidades que, a su juicio, vulneraban los principios democráticos más elementales.

La tensión se palpaba en el ambiente. La integridad del sistema electoral judicial mexicano estaba en juego. El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la elección, había validado los resultados el 15 de junio de 2025, otorgando las constancias a los candidatos ganadores. Sin embargo, la queja de Gómez Schulz exigía una respuesta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asumió la responsabilidad de investigar a fondo las acusaciones. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña lideró el análisis, escudriñando minuciosamente las pruebas presentadas: fotografías, videos, reportes periodísticos… Cada pieza del rompecabezas era examinada con rigor, buscando la verdad oculta tras las denuncias.

El proyecto de resolución SUP-JIN-256/2025, presentado por De la Mata, se convirtió en el foco de atención. Tras una exhaustiva evaluación, el magistrado concluyó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar la autoría y distribución de los "acordeones", ni su impacto decisivo en el resultado final. Si bien la existencia de estos materiales era un hecho, no se podía establecer una conexión directa con una manipulación orquestada del proceso electoral.

La decisión de no anular la elección no fue tomada a la ligera. El proyecto de De la Mata subrayaba la solidez del proceso, destacando su apego a los requisitos legales establecidos. Confirmar la validez de los resultados permitía a los magistrados electos asumir sus cargos sin el peso de la incertidumbre jurídica, garantizando la continuidad y estabilidad del Tribunal de Disciplina Judicial Federal.

Sin embargo, el camino no estaba completamente despejado. La resolución aún debía ser discutida en el pleno del Tribunal Electoral, donde podría ser ajustada o incluso modificada. La expectativa era palpable. La decisión final tendría un impacto significativo en el Poder Judicial, ratificando la legitimidad de los nuevos magistrados y reforzando –o no- la confianza en la imparcialidad del sistema electoral judicial mexicano. El futuro del Tribunal de Disciplina, encargado de velar por la ética y la legalidad de los jueces federales, pendía de un hilo. La democracia mexicana, una vez más, se encontraba en una encrucijada.