La ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se presenta como un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. El gobierno mexicano, con el respaldo de Estados Unidos, busca desmantelar las cúpulas de estos dos gigantes del crimen organizado de forma simultánea. Si bien el golpe a estas estructuras podría considerarse un éxito táctico en el corto plazo, la experiencia internacional, especialmente la colombiana, nos advierte sobre un escenario complejo y preocupante: el narcotráfico no se erradica con la simple captura de capos, sino que muta, adaptándose a las nuevas circunstancias y encontrando nuevas formas de operar.

El crimen organizado, como un organismo vivo, atraviesa diferentes fases evolutivas. Presionados por las autoridades, los grandes cárteles jerárquicos tienden a fragmentarse en redes más pequeñas, ágiles y flexibles, capaces de sobrevivir en la clandestinidad. Estas células, en su lucha por el control del mercado, se diversifican, explorando nuevas fuentes de ingresos ilícitos. Ya no se limitan al tráfico de drogas tradicionales, sino que incursionan en la producción y distribución de drogas sintéticas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas e incluso el cibercrimen. En este sentido, la ofensiva actual contra el Sinaloa y el CJNG, si bien importante, podría marcar el fin de una era, pero no la erradicación definitiva de la violencia.

El caso colombiano sirve como un espejo para México. Tras la caída de los cárteles de Medellín y Cali en la década de los 90, el narcotráfico no desapareció. Por el contrario, se atomizó en cientos de "mini-cárteles" y bandas criminales (BACRIM), conformadas por exparamilitares y exguerrilleros, que llenaron el vacío de poder dejado por los grandes capos. La lección es contundente: descabezar las estructuras criminales sin un plan integral de estabilización territorial, que incluya la presencia del Estado a través de instituciones sólidas, inversión social y oportunidades para la población, genera un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos grupos, a menudo más violentos y difíciles de controlar.

En México, si el Sinaloa y el CJNG son debilitados significativamente, es previsible un escenario de balcanización criminal. Facciones escindidas y grupos rivales se disputarán las rutas de trasiego de drogas, el control del narcomenudeo y otras rentas ilícitas, incrementando la violencia en diversas regiones del país. La historia reciente nos muestra ejemplos como la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva o el surgimiento de Los Zetas, que generaron olas de violencia sin precedentes. Sin un actor dominante, las disputas locales se intensifican, afectando directamente a la ciudadanía a través de secuestros, extorsiones, cobro de piso y otros delitos.

A este complejo panorama se suma el desafío para las instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales se encuentran desbordadas, enfrentando dificultades para integrar y judicializar las miles de carpetas de investigación abiertas contra los detenidos en los últimos meses. Los centros penitenciarios, a su vez, operan al límite de su capacidad, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia penal.

El mayor riesgo no reside en la caída de los cárteles, sino en el vacío de poder que esta genera. Si el Estado no ocupa de manera efectiva los territorios controlados por estas organizaciones criminales, ofreciendo seguridad, justicia y desarrollo social, otros grupos delictivos lo harán. La experiencia colombiana demuestra que descabezar estructuras criminales sin un plan de estabilización integral solo crea una hidra: por cada cabeza cortada, surgen dos nuevas. La victoria táctica puede convertirse en una derrota estratégica. México tiene la oportunidad de aprender de la historia: el narcotráfico muta, no muere. El desafío radica en evitar que esa mutación resulte aún más violenta y destructiva que la realidad actual.