La reciente aclaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la no obligatoriedad de la entrega de datos biométricos para la CURP con fotografía ha generado un debate crucial sobre la privacidad y la seguridad de la información en México. Si bien la CURP es un documento indispensable para la identificación de las y los mexicanos, la inclusión de datos biométricos como el iris, las huellas dactilares y el reconocimiento facial abre una serie de interrogantes sobre la protección de estos datos sensibles.

La postura de la Presidenta, que reafirma el carácter opcional de la entrega de esta información, brinda un respiro a quienes se preocupan por el potencial mal uso de sus datos biométricos. Imaginemos un escenario en el que estos datos, que son únicos e irremplazables, caen en las manos equivocadas. A diferencia de una contraseña que podemos modificar, el iris o las huellas dactilares son permanentes. Una filtración de bases de datos con esta información podría tener consecuencias devastadoras para la identidad de las personas, exponiéndolas a fraudes, suplantación de identidad y otros delitos.

El estudio de Kaspersky, mencionado en la declaración, pinta un panorama alarmante. Un 13% de mexicanos ya ha sido víctima del robo de identidad, una cifra que nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestros datos en el mundo digital. Y si consideramos que el 37% de las computadoras que procesan información biométrica han sufrido intentos de infección por malware, la preocupación se intensifica. Estos datos nos recuerdan que la seguridad informática no es infalible y que la información, una vez en el ciberespacio, se enfrenta a constantes amenazas.

En un contexto de creciente digitalización, la protección de datos personales se vuelve aún más relevante. Si bien la tecnología biométrica ofrece ventajas en términos de seguridad e identificación, también conlleva riesgos importantes. La decisión de entregar o no esta información no debe tomarse a la ligera. Es fundamental que cada persona evalúe los pros y los contras, considerando la posibilidad de filtraciones, el uso indebido de la información y las implicaciones a largo plazo para su privacidad.

Ante la duda, la prudencia es la mejor consejera. Si la ley no obliga a entregar datos biométricos, es recomendable analizar cuidadosamente si los beneficios de proporcionar esta información superan los riesgos potenciales. Informarse sobre las medidas de seguridad implementadas por las instituciones que recopilan estos datos, así como sobre las leyes y regulaciones que protegen la privacidad, son pasos cruciales para tomar una decisión informada. En última instancia, se trata de proteger nuestra identidad en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable.

Más allá del debate sobre la obligatoriedad, es imperativo que las autoridades garanticen la seguridad y la protección de los datos biométricos que se recopilen. La implementación de protocolos de seguridad robustos, la transparencia en el manejo de la información y la rendición de cuentas en caso de filtraciones son elementos esenciales para generar confianza en el uso de estas tecnologías. Asimismo, es fundamental promover la educación digital entre la población, para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus datos personales y protegerse de posibles riesgos. La privacidad es un derecho fundamental, y la protección de nuestros datos biométricos es una responsabilidad compartida entre el gobierno, las instituciones y la ciudadanía.