La incertidumbre económica global nos acecha, y en este escenario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convierte en una pieza clave. Más allá de la estabilidad macroeconómica, que sin duda es fundamental, el PEF debe ser un motor para la inversión social, un instrumento que impulse el desarrollo y reduzca las brechas de desigualdad. Y dentro de esta inversión social, la igualdad de género debe ocupar un lugar central, no como un añadido, sino como un eje transversal que permee todas las políticas públicas.

El Anexo 13, dedicado a las "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", representa la materialización de años de lucha por parte de feministas y expertas que, desde la década de los noventa, han alzado la voz para exigir recursos etiquetados específicamente para este fin. Si bien la incorporación de este anexo en 2008 fue un paso importante, aún queda mucho por hacer. Los 479 mil millones de pesos aprobados este año, aunque representan una cifra considerable, deben ser analizados a profundidad. ¿Realmente están llegando a donde deben llegar? ¿Están generando el impacto esperado en la vida de las mujeres?

Incluir programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores dentro del Anexo 13, que representa el 52% de su presupuesto, genera interrogantes. Si bien las mujeres adultas mayores se benefician de este programa, ¿se está atendiendo con la misma intensidad a otras necesidades cruciales para la igualdad de género, como la erradicación de la violencia, el acceso a la educación y la salud, y la promoción de la autonomía económica? Necesitamos una política fiscal con perspectiva de género, no sólo en el papel, sino en la práctica. Una política que no se limite a asignar recursos, sino que mida, evalúe y visibilice las brechas de género y las necesidades específicas de las mujeres.

El Diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva, elaborado por la Red por una Política Fiscal Feminista, pone el dedo en la llaga al revelar que la mayoría de los programas carecen de estrategias claras y que un 22% de ellos no ha sido auditado con un enfoque de género en los últimos cinco años. Esto es inaceptable. No podemos hablar de igualdad si no contamos con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que nos permitan saber cómo se están utilizando los recursos y si están logrando los objetivos planteados.

La investigación de la Red no se limita a señalar las deficiencias, sino que también propone soluciones, como la creación de un índice para medir el grado de integración del enfoque de género en los programas presupuestarios. Esta es una herramienta fundamental para avanzar hacia una política fiscal verdaderamente transformadora. Transversalizar la perspectiva de género en las finanzas públicas no es un capricho, es una necesidad imperante para cerrar las brechas, revertir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y no podemos olvidar la importancia de fortalecer las capacidades de auditoría con perspectiva de género, para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.

La urgencia de actuar es evidente. No podemos seguir postergando la corrección de los sesgos que existen en la educación y la salud de niñas y mujeres. Estas desigualdades, arraigadas desde la infancia, tienen consecuencias a lo largo de toda la vida y perpetúan la discriminación. El PEF 2026 debe ser un punto de inflexión, una oportunidad para construir un futuro más justo e igualitario para todas las mujeres. La inversión en igualdad no es un gasto, es una inversión en el desarrollo y el progreso de nuestro país.